Tras recuperar el control de las instalaciones del proyecto aurífero San Simón mediante un amparo constitucional, el empresario minero Gustavo Barrios asegura que su empresa está en condiciones de retomar sus operaciones. Sin embargo, advierte que persisten riesgos por la presencia de grupos que, según afirma, avasallaron sus activos durante más de un año. En esta entrevista aborda las pérdidas económicas, el conflicto legal, la relación con las comunidades y las perspectivas de inversión en una de las zonas con mayor potencial aurífero del país.
¿Cuál es la situación actual del proyecto San Simón tras recuperar el control de las instalaciones?
Durante más de un año estuvimos impedidos de ingresar y operar en nuestros activos mineros debido a un avasallamiento. Gracias a un amparo constitucional favorable recuperamos la posesión de nuestras instalaciones y, legalmente, estamos habilitados para retomar las operaciones. No obstante, seguimos atentos porque las personas involucradas en el conflicto cuentan con recursos e intentarán revertir esta situación.
¿Qué ocurrió para que la empresa perdiera el control de sus operaciones?
En abril del año pasado nuestro personal fue expulsado de las instalaciones. Mientras eso ocurría, el Ministerio de Minería realizó una inspección sin nuestra participación, debido precisamente a que se nos impidió el ingreso. Como consecuencia, se determinó que no estábamos trabajando en las áreas y parte de las concesiones fue revertida. Posteriormente, las nuevas autoridades revisaron el caso, anularon esas actuaciones y restituyeron nuestros derechos.
¿Cuál fue el impacto económico de este conflicto?
Fue enorme. Habíamos realizado inversiones de varios millones de dólares en infraestructura y estábamos listos para iniciar una etapa de producción mucho más importante. Todo ese esfuerzo quedó paralizado durante un año y tres meses, generando pérdidas muy significativas para la empresa.
¿Cómo es actualmente la relación con las comunidades?
Es muy positiva. Llevamos más de 20 años trabajando en la zona y eso nos permitió recuperar rápidamente la confianza de los comunarios. Hemos firmado nuevos acuerdos que permitirán desarrollar actividades de manera legal y generar beneficios para las comunidades.
¿Qué proyectos sociales tienen previstos?
Tenemos compromisos firmados para ejecutar proyectos principalmente en educación y salud. Nuestro objetivo es que la actividad minera también genere desarrollo para las comunidades donde operamos.
¿Qué esperan del Gobierno y de las autoridades mineras?
Esperamos que continúen haciendo cumplir la ley. Valoramos que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) haya revisado nuestro caso y actuado conforme al derecho. Lo que necesitamos es seguridad jurídica y que las instituciones mantengan una actuación técnica y transparente.
Usted ha mencionado inversiones importantes. ¿De qué magnitud estamos hablando?
San Simón tiene potencial para convertirse en un proyecto industrial de gran escala. Estamos hablando de inversiones que podrían superar los 300 millones de dólares, siempre que existan condiciones de seguridad jurídica que permitan desarrollar el proyecto.
¿Cuál es el potencial minero de San Simón?
Es una región con más de 400 años de historia minera. Tradicionalmente la explotación fue de pequeña escala, pero el incremento del precio internacional del oro ha convertido a San Simón en una zona altamente atractiva para desarrollar proyectos industriales modernos.
¿Qué impacto económico tendría un proyecto de esta magnitud?
El beneficio sería inmediato. Se generarían empleos para la población local y las regalías mineras llegarían directamente al departamento y al municipio productor, dinamizando la economía regional y nacional.
Bolivia tiene un enorme potencial para atraer inversiones mineras. Lo único que necesitamos es que se respeten las leyes y exista seguridad jurídica. Si eso ocurre, podremos desarrollar proyectos de gran impacto económico y social para el país.
