La propuesta presentada por el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, durante la socialización del proyecto de Ley de Regulación del Mercado de Créditos de Carbono trasciende el debate ambiental y coloca sobre la mesa una discusión de fondo: quién administrará y quién se beneficiará económicamente de uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento en las próximas décadas.
Aunque el proyecto de ley busca establecer el marco normativo para que Bolivia participe en el mercado internacional de créditos de carbono, Velasco sostiene que la iniciativa es incompleta porque reconoce a las gobernaciones como actores del sistema, pero no define sus atribuciones ni garantiza que reciban parte de los recursos que puedan generarse.
El debate pasa del medioambiente a la distribución de recursos
El planteamiento central del gobernador consiste en incorporar un capítulo específico para las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), con reglas claras sobre competencias y mecanismos de distribución de beneficios.
Más que fijar porcentajes, la propuesta apunta a crear criterios técnicos que permitan que departamentos, municipios y pueblos indígenas reciban ingresos en función de su aporte a la conservación de bosques y la reducción de emisiones.
La iniciativa se produce en un contexto en el que muchas gobernaciones enfrentan una fuerte caída de ingresos debido al descenso de las regalías por hidrocarburos. En ese escenario, los créditos de carbono aparecen como una posible fuente alternativa de financiamiento para proyectos ambientales y de desarrollo.
Santa Cruz busca capitalizar su patrimonio forestal
Santa Cruz concentra una parte significativa de los bosques del país y cuenta con aproximadamente 15 millones de hectáreas de áreas protegidas, un activo ambiental que podría adquirir un importante valor económico si Bolivia logra consolidar un mercado de carbono confiable y reconocido internacionalmente.
Desde esa perspectiva, la propuesta busca que los territorios donde se genera el valor ambiental también participen de los beneficios económicos derivados de su conservación.
El planteamiento también responde a una visión de desarrollo que busca diversificar las fuentes de ingresos, reduciendo la dependencia de actividades extractivas tradicionales.
Un desafío para el Estado
La propuesta abre interrogantes que deberán resolverse durante el tratamiento legislativo:
- ¿Qué nivel de competencias tendrán las gobernaciones frente al Estado central?
- ¿Cómo se certificará la reducción de emisiones y quién administrará los recursos?
- ¿Qué porcentaje corresponderá a municipios, pueblos indígenas y departamentos?
- ¿Cómo se garantizará transparencia y trazabilidad en el uso de los fondos?
Responder estas preguntas será determinante para generar confianza tanto entre los actores nacionales como entre potenciales compradores internacionales de créditos de carbono.
La comparación con el litio
Velasco recurrió a un argumento político de alto impacto al advertir que Bolivia no debería perder la oportunidad de los créditos de carbono como —a su juicio— ocurrió con el desarrollo del litio.
La comparación busca instalar la idea de que el país enfrenta una nueva oportunidad estratégica en la economía global, esta vez basada en la conservación ambiental. Sin embargo, el éxito dependerá no solo de aprobar una ley, sino de construir un sistema con reglas claras, seguridad jurídica, mecanismos de certificación internacional y una distribución transparente de los beneficios.
Una discusión que recién comienza
El tratamiento de la Ley de Créditos de Carbono podría convertirse en uno de los debates económicos y ambientales más importantes de los próximos meses. La iniciativa no solo definirá cómo Bolivia participará en un mercado global en expansión, sino también cómo se distribuirán los recursos entre el nivel central del Estado, las gobernaciones, los municipios y los pueblos indígenas.
La propuesta de Velasco introduce un componente de descentralización económica que seguramente generará discusión política, especialmente entre quienes defienden una administración centralizada de estos recursos y quienes consideran que las regiones deben beneficiarse directamente por conservar el patrimonio natural que hace posible la generación de créditos de carbono.
