El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel “Mamén” Saavedra, denunció un presunto desfalco de más de Bs 570 millones en las recaudaciones municipales por concepto de impuestos a bienes inmuebles, tras concluir una auditoría al sistema tributario de la Alcaldía.
De acuerdo con la investigación, entre 2021 y abril de 2026 se identificaron más de 22.000 casos en los que los impuestos fueron reducidos de manera irregular, ocasionando un millonario daño económico a las finanzas del municipio. La auditoría comprende únicamente el pago de impuestos a inmuebles y no alcanza a vehículos ni patentes.
“Por ejemplo, una vivienda que debía pagar Bs 3.000 terminó pagando apenas Bs 100. Como ese existen más de 22.000 casos que representan los Bs 570 millones que le robaron a la ciudad”, denunció el burgomaestre.
Saavedra calificó el hecho como uno de los mayores golpes a las finanzas municipales de los últimos años y afirmó que esos recursos habrían permitido construir más de 50 módulos educativos o al menos 25 hospitales de segundo nivel, además de financiar numerosas obras y servicios para la población.
Pese a la magnitud del perjuicio, el alcalde anunció que su administración dará una última oportunidad para la regularización voluntaria. Desde el 29 de julio hasta el 31 de agosto, los propietarios de los inmuebles observados podrán cancelar el monto adeudado sin multas ni intereses y acceder a planes de pago.
Durante ese período, la Alcaldía publicará el listado de los inmuebles involucrados, preservando la identidad de los propietarios para facilitar que regularicen su situación.
No obstante, advirtió que desde el 1 de septiembre cambiará la estrategia. Los nombres de los propietarios que no hayan cumplido con el pago serán difundidos públicamente y el municipio iniciará las acciones legales correspondientes para recuperar los recursos.
“No es la intención del municipio iniciar acciones legales contra nadie, pero es nuestra obligación recuperar esos dineros que pertenecen a todos los cruceños”, enfatizó Saavedra.
El alcalde adelantó que la investigación también busca establecer quiénes autorizaron las rebajas irregulares dentro del sistema de recaudaciones, con el objetivo de identificar responsabilidades administrativas y penales por el millonario daño ocasionado al patrimonio municipal.
