El exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli recuperó este viernes su libertad tras permanecer tres días en celdas policiales, luego de que el Juzgado Sexto Anticorrupción de La Paz le impusiera detención domiciliaria dentro de la investigación por el denominado caso “combustible basura”.
Al salir del recinto policial, Medinaceli aseguró que permanecerá en el país para afrontar el proceso y colaborar con las investigaciones.
“Estoy aquí presente para cualquier investigación que se quiera hacer. Yo no me voy. La cosa es esclarecer los hechos y encontrar la verdad. Vine al país a trabajar. Trabajaba en Colombia. Ahí estaba muy tranquilo. Vine acá con el reto de quitar el subsidio”, declaró, al agradecer el respaldo de familiares, amigos y de quienes expresaron su apoyo durante su aprehensión.
El exministro rechazó las acusaciones en su contra y sostuvo que nunca autorizó la comercialización del combustible observado. Explicó que la Resolución 041 únicamente autorizaba el desprecintado del producto para su tratamiento y no su distribución.
La Fiscalía lo imputó por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, al considerar que no adoptó medidas extraordinarias para suspender la distribución del combustible cuestionado.
En su defensa, Medinaceli argumentó que la supervisión del producto correspondía a las instancias operativas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de YPFB, y recordó que durante su gestión solicitó la suspensión de los contratos de provisión mientras se resolvían las observaciones técnicas.
Como medidas cautelares, la autoridad judicial dispuso detención domiciliaria sin derecho a salida laboral, arraigo, presentación semanal ante las autoridades competentes, prohibición de ingresar a las instituciones involucradas en la investigación y de comunicarse con otros investigados, además del pago de una fianza de Bs 100.000.
La defensa del exministro informó que apeló la resolución judicial y anunció que buscará revertir principalmente la prohibición de trabajar y el monto de la fianza, al considerar que ambas medidas resultan desproporcionadas y de difícil cumplimiento.
