El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, respondió a los cuestionamientos surgidos por la compra de su vagoneta Audi Q4 y aseguró que el precio real que pagó por el vehículo fue de Bs 350.000, y no los Bs 50.000 que figuran en la documentación cuestionada.
Espinoza atribuyó la diferencia a un supuesto error cometido por el tramitador encargado de realizar el registro de la operación y sostuvo que, si efectivamente existió una equivocación, esta debe ser corregida.
“Si hubo un error, hay que corregirlo”, afirmó el ministro al referirse al monto consignado en los documentos.
Según su explicación, para financiar la adquisición de la Q4, Espinoza utilizó recursos provenientes de la venta de una camioneta que poseía anteriormente y de un crédito, con los que habría cubierto el costo de Bs 350.000.
Sin embargo, la explicación deja pendientes varias interrogantes que deberán ser aclaradas con documentación. Entre ellas, por qué una diferencia de Bs 300.000 habría quedado consignada en los registros de la operación y quién proporcionó el monto de Bs 50.000 utilizado en el trámite.
También queda por establecer qué documentos respaldan el pago efectivo de los Bs 350.000, cuánto recibió Espinoza por la venta de su anterior camioneta y qué entidad financiera otorgó el crédito, por qué monto y en qué fecha.
Otro aspecto que deberá ser contrastado es si la adquisición del vehículo, la venta de la anterior camioneta y las obligaciones financieras vinculadas a la operación fueron consignadas en su declaración jurada, conforme corresponda según la normativa aplicable y las fechas en que se produjeron las transacciones.
De confirmarse que el precio real fue de Bs 350.000, la diferencia con el monto registrado inicialmente no sería menor: se trataría de Bs 300.000, por lo que será necesario determinar cómo se produjo el registro, quién fue responsable del trámite y qué documentación acredita el valor real de la operación.
ÑpLa controversia surge después de que el vicepresidente Edmand Lara pidiera al Servicio de Impuestos Nacionales y a la Contraloría General del Estado revisar la documentación relacionada con la compra y esclarecer el monto declarado y el origen de los recursos.
