Por Nazario
En Bolivia existe una discusión que va más allá de las cifras económicas y que toca directamente la manera en que entendemos el progreso: ¿el desarrollo productivo debe ser visto como una amenaza que hay que limitar o como una herramienta que debe fortalecerse para generar bienestar?
La pregunta adquiere especial relevancia cuando se habla de Santa Cruz.
Durante décadas, el departamento ha construido una estructura económica sustentada en la producción agropecuaria, la agroindustria, el comercio, los servicios y el emprendimiento privado. Esa realidad no puede explicarse únicamente por decisiones gubernamentales. Detrás existe una sociedad que aprendió a organizarse, invertir, asumir riesgos, incorporar tecnología y convertir la producción en una fuente de empleo y riqueza.
Por eso, cuestionar a Santa Cruz simplemente por haber alcanzado una capacidad productiva superior a la de otras regiones sería una equivocación política y, sobre todo, conceptual.
El problema no es producir riqueza
Toda sociedad necesita generar riqueza antes de discutir cómo distribuirla. Sin producción no existen empleos sostenibles, ingresos tributarios, exportaciones ni recursos suficientes para financiar políticas públicas.
La agroindustria no es solamente un conjunto de empresas. Detrás de ella existe una extensa cadena social: productores grandes y pequeños, trabajadores, transportistas, comerciantes, técnicos, profesionales, proveedores de maquinaria, cooperativas, entidades financieras y miles de familias cuya economía depende directa o indirectamente de la actividad productiva.
Por eso, cuando se ataca indiscriminadamente a la agroindustria, muchas veces no se está cuestionando únicamente a quienes poseen grandes extensiones de tierra o empresas. Se termina afectando a toda una estructura social vinculada al trabajo y a la producción.
Esto no significa negar los problemas.
Es legítimo discutir la concentración de la tierra, la protección ambiental, el uso responsable de los recursos naturales, las condiciones laborales, la informalidad o las desigualdades existentes. Una sociedad democrática tiene el derecho —y la obligación— de fiscalizar cualquier actividad económica.
Pero fiscalizar no significa destruir.
La riqueza también tiene una dimensión social
Uno de los errores más frecuentes del debate político es presentar la riqueza como si necesariamente fuera producto de la explotación y la pobreza como si fuera consecuencia inevitable del desarrollo.
La historia demuestra que las sociedades que consiguen mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos necesitan producir más, innovar, invertir y crear oportunidades.
La pobreza no desaparece distribuyendo aquello que no se produce.
La verdadera justicia social necesita una economía capaz de generar riqueza de manera permanente. Y esa riqueza debe convertirse en mejores empleos, educación, salud, infraestructura, servicios públicos y oportunidades.
Desde esta perspectiva, el desarrollo económico y la justicia social no son enemigos. Pueden y deben complementarse.
Santa Cruz como fenómeno social
El desarrollo cruceño tampoco puede reducirse a una cuestión empresarial.
Existe una cultura de trabajo, emprendimiento, asociación y movilidad social que ayudó a transformar a Santa Cruz en uno de los principales centros económicos del país.
La expansión de la frontera agrícola, la consolidación de cadenas productivas, el crecimiento urbano, la llegada de migrantes de diferentes regiones y la creación de empresas y cooperativas forman parte de un proceso histórico mucho más amplio.
Santa Cruz se convirtió en una región capaz de producir alimentos para Bolivia y generar excedentes destinados a otros mercados.
Ese fenómeno merece ser estudiado con seriedad, no convertido en una disputa ideológica entre regiones.
El peligro de convertir el desarrollo en un enemigo
Cuando desde determinados sectores políticos se presenta al empresariado, al productor o a la agroindustria como enemigos de la sociedad, se corre el riesgo de construir una narrativa peligrosa: la idea de que quien genera riqueza necesariamente perjudica a otro.
Esa visión termina enfrentando a trabajadores contra empresarios, campo contra ciudad y regiones productivas contra el resto del país.
Bolivia no necesita esa confrontación.
Necesita más productores, más empresas, más tecnología, más inversión y mejores condiciones para que los pequeños productores puedan crecer.
La discusión correcta no debería ser cómo impedir que Santa Cruz produzca, sino cómo conseguir que ese modelo productivo pueda replicarse en otras regiones del país.
El desafío es producir mejor y distribuir oportunidades
Defender el desarrollo no significa defender privilegios.
Significa defender el derecho de una sociedad a trabajar, invertir y progresar dentro de un Estado que establezca reglas claras, seguridad jurídica y mecanismos eficaces de fiscalización.
Santa Cruz tampoco debería conformarse con ser solamente el gran proveedor de alimentos de Bolivia. El desafío es avanzar hacia una economía con mayor valor agregado, industrialización, innovación, tecnología y mejores empleos.
El desarrollo del futuro no puede depender únicamente de producir más materias primas. Debe consistir también en transformar, industrializar, investigar y competir.
Una cuestión de país
El debate sobre Santa Cruz, finalmente, no debería ser presentado como una disputa entre Santa Cruz y Bolivia.
Santa Cruz es Bolivia.
Su producción alimenta al país. Su actividad económica genera empleo y movimiento comercial. Sus exportaciones contribuyen a la generación de divisas. Y su experiencia productiva puede convertirse en una referencia para otras regiones.
Por eso, la pregunta no debería ser cómo detener al departamento más dinámico del país, sino cómo utilizar esa capacidad para construir una Bolivia más productiva.
El desarrollo no puede ser condenado porque genera desigualdades que deben corregirse. Las desigualdades se enfrentan con mejores políticas públicas, educación, oportunidades y movilidad social.
No se combate la pobreza destruyendo la capacidad de producir riqueza. Se combate creando las condiciones para que la riqueza sea mayor, más sostenible y llegue a más personas.
Santa Cruz no tiene que pedir disculpas por producir.
Tiene, eso sí, la responsabilidad de demostrar que producción, innovación, sostenibilidad y bienestar social pueden caminar juntos.
Y Bolivia tiene la responsabilidad de entender que el desarrollo de una región no debería ser motivo de resentimiento, sino una oportunidad para construir un país entero más próspero.
