El Gobierno sostiene que el nuevo precio referencial de Bs 18 por litro de diésel no debería trasladarse a la canasta familiar, porque el precio de Bs 9,80 se mantiene para quienes consumen menos de 120 litros mensuales. Sin embargo, el verdadero impacto económico de la medida dependerá de cuánto del transporte, la producción y la distribución quede alcanzado por el nuevo esquema.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, aseguró que la medida está dirigida principalmente a los grandes consumidores y que los usuarios que se encuentren por debajo del límite de 120 litros continuarán accediendo al precio vigente.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, precisó que el nuevo precio alcanza a tres categorías: Grandes Consumidores, con más de 20.000 litros mensuales; Clientes Directos, entre 5.000 y 19.999 litros; y Usuarios Directos, desde 120 hasta 5.000 litros al mes.
El resto mantendrá el precio de Bs 9,80.
El punto sensible está en el transporte
Aquí aparece la principal interrogante económica: aunque un consumidor familiar no pague directamente Bs 18 por el litro, puede terminar pagando indirectamente el mayor costo del diésel.
El combustible es un componente fundamental para el transporte de carga, la producción agropecuaria, la maquinaria, la distribución de alimentos y múltiples actividades económicas. Si esos sectores trasladan parte del incremento a sus costos, el efecto puede llegar finalmente a los precios de los productos.
Por eso, decir que la medida no afectará la canasta familiar es una conclusión que todavía deberá comprobarse en el mercado.
El Gobierno apuesta a que el impacto sea limitado porque el nuevo precio no alcanza a todos los consumidores. Pero la economía no funciona únicamente a partir del precio que paga directamente una familia: también importa cuánto cuesta producir y transportar aquello que esa familia compra.
El argumento del contrabando
El Ejecutivo sostiene que la diferencia entre el precio subsidiado interno y los valores internacionales alimentó durante años el contrabando de combustibles.
Blanco afirmó que el objetivo es “sincerar” el precio y reducir el incentivo económico para sacar diésel ilegalmente del país.
La lógica es sencilla: cuanto mayor sea la brecha entre el precio interno y el precio de los países vecinos, mayor será el atractivo para el contrabando. Al acercar el precio de determinados segmentos al costo de mercado, el Gobierno pretende reducir ese incentivo.
Pero el desafío está en hacerlo sin generar un golpe excesivo sobre la producción y el consumo interno.
El segundo objetivo: atraer inversión privada
La administración también busca abrir espacio para que empresas privadas participen en la importación y comercialización de combustibles.
El argumento oficial es que un precio más cercano al mercado permitirá que los privados puedan importar diésel sin enfrentar pérdidas derivadas de la diferencia entre el costo internacional y el precio subsidiado interno.
Esto podría cambiar progresivamente el mercado de combustibles en Bolivia y reducir la dependencia exclusiva de YPFB.
Un precio que todavía puede cambiar
Los Bs 18 constituyen inicialmente un precio referencial. Después de cinco días hábiles comenzará a generarse información sobre la variabilidad del precio, considerando factores como la cotización internacional, logística, impuestos y otros costos.
Por tanto, el nuevo esquema no significa necesariamente que Bs 18 será el precio definitivo para todos los consumidores alcanzados.
La gran pregunta económica
El Gobierno enfrenta ahora un delicado equilibrio: reducir el costo fiscal del subsidio, combatir el contrabando y atraer importadores privados sin provocar una nueva presión inflacionaria.
La prueba no estará únicamente en los surtidores.
Estará en el precio del transporte, los alimentos, los productos agrícolas y el costo de producir en Bolivia.
Por eso, la afirmación de que “el diésel a Bs 18 no afectará la canasta familiar” es, por ahora, una previsión del Gobierno. La respuesta definitiva la dará el comportamiento de los precios durante las próximas semanas.
La reforma busca corregir una distorsión acumulada durante años. Pero toda corrección de precios tiene ganadores, perdedores y efectos secundarios. El desafío será determinar si el costo del ajuste lo absorbe el Estado, el sector productivo o finalmente el consumidor.
