El manejo administrativo del Concejo Municipal de Santa Cruz vuelve a generar cuestionamientos internos. El vicepresidente del órgano deliberante, Francisco Banzer, acusó a la presidenta Luisa Nayar de no transparentar decisiones administrativas y aseguró que el alquiler de un nuevo edificio para oficinas sería más costoso que el contrato de la anterior gestión.
Banzer afirmó que los concejales no fueron informados previamente sobre la contratación del inmueble y cuestionó que se paguen Bs 15.000 mensuales, frente a los Bs 12.100 que, según señaló, se cancelaban anteriormente por oficinas ubicadas más cerca del Concejo.
“Hay que ver de quién es el edificio. Alquilan edificio irregular y más caro. Mentira que ahorren”, sostuvo el concejal.
El vicepresidente también denunció que no estaría siendo convocado a reuniones de la Presidencia del Concejo y cuestionó la falta de información sobre decisiones administrativas. En ese contexto, puso en duda la legalidad de la designación de Vittorio José Aloisio Zenteno como asesor y administrador de Finanzas.
“No dan información, no hay transparencia. Una cosa es que nos hagamos los opas, no nos informan nada. Luisa Nayar miente a los cruceños, no somos opas”, afirmó Banzer.
Cuestionamientos desde la propia bancada de VOS
Las críticas no se limitaron a Banzer. El concejal de VOS, Juan Carlos Villafuerte, también reclamó públicamente por la falta de información desde la Presidencia del Concejo, pese a que Nayar pertenece a la misma agrupación política.
“Nos enteramos por los medios, Presidencia del Concejo no informa, hemos presentado un PIE”, manifestó Villafuerte.
El legislador explicó que presentó un Pedido de Informe Escrito (PIE) para obtener información oficial sobre las decisiones asumidas por la Presidencia del Concejo y conocer los antecedentes administrativos correspondientes.
El reclamo adquiere relevancia política porque proviene de un concejal de la misma organización que encabeza Nayar. Esto evidencia que las diferencias dentro del Concejo no se limitan a la oposición política, sino que también alcanzan a integrantes de la propia fuerza oficialista.
Los cuestionamientos plantean tres interrogantes que la Presidencia del Concejo deberá responder: ¿quién es el propietario del edificio alquilado?, ¿por qué se contrató por un monto superior al anterior alquiler? y ¿bajo qué criterios y procedimientos se realizaron las contrataciones y designaciones cuestionadas?
Mientras los concejales demandan documentación y explicaciones, la controversia vuelve a colocar a la administración del Concejo Municipal bajo presión por la transparencia, el manejo de recursos públicos y la toma de decisiones dentro de la institución.
