La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en coordinación con la Policía, intervino un surtidor de YPFB ubicado en el municipio de Cabezas, provincia Cordillera de Santa Cruz, luego de una denuncia por un presunto ocultamiento y posible reventa ilegal de combustible.
La denuncia fue presentada por el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, quien llegó al establecimiento con la intención de cargar gasolina, pero —según relató— recibió como respuesta que no había combustible disponible.
La situación generó cuestionamientos debido a que, de acuerdo con los reportes de abastecimiento de YPFB, el surtidor habría recibido combustible.
Durante la intervención y las verificaciones realizadas por las autoridades, la encargada del establecimiento habría reconocido que disponían de aproximadamente 3.000 litros de gasolina, aunque señaló que el producto estaba reservado “para emergencia”.
Para Zambrana, esta explicación genera dudas y podría evidenciar una práctica de ocultamiento de combustible con la finalidad de comercializarlo posteriormente a un precio superior.
“Nos dijeron que no había gasolina y después reconocieron que tenían 3.000 litros guardados”, sostuvo el dirigente cívico, quien pidió una investigación y controles más estrictos para evitar que el combustible destinado a la población termine en mercados paralelos.

La ANH y la Policía deberán establecer ahora si existió una infracción a la normativa de comercialización de carburantes y determinar el destino que pretendía darse al combustible almacenado.
El caso se produce en medio de los controles reforzados sobre la distribución y comercialización de combustibles en Santa Cruz, ante las denuncias recurrentes de escasez, acopio y reventa.