Las empresas del sector inmobiliario y urbanístico tienen hasta el 30 de septiembre de 2026 para actualizar la documentación correspondiente a las certificaciones de contratos libres de cláusulas abusivas, informó la Dirección General de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (DGDDUC), dependiente del Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua.
La medida también alcanza a las Notarías de Fe Pública, que deberán verificar la certificación actualizada correspondiente a cada proyecto antes de intervenir en la formalización de los contratos.
La DGDDUC aclaró que el proceso responde a la migración de sus sistemas institucionales y no significa que las certificaciones emitidas anteriormente hayan perdido vigencia.
Por tanto, las certificaciones otorgadas en gestiones anteriores y durante la actual administración mantienen plena vigencia y validez jurídica. La migración y actualización de los sistemas no las suspende, anula ni da de baja.
🏗️ Actualización mediante ONDDUC
Pese a ello, las empresas deberán realizar la actualización de sus certificaciones mediante el sistema ONDDUC, para lo cual tendrán que cargar nuevamente la documentación y cumplir los requisitos establecidos por la autoridad.
El trámite permitirá obtener el nuevo modelo de Certificación de Contrato Libre de Cláusulas Abusivas.
Desde la perspectiva económica, la disposición adquiere relevancia para un sector que mueve importantes recursos en la venta de viviendas, lotes y proyectos urbanísticos, donde la claridad de las condiciones contractuales constituye un elemento clave para reducir riesgos y dar mayor seguridad a las transacciones.
⚖️ Más controles antes de formalizar contratos
La participación de las notarías introduce además un punto de control previo: antes de intervenir en los contratos vinculados a cada proyecto, deberán verificar la certificación actualizada correspondiente.
El objetivo declarado por la DGDDUC es fortalecer la seguridad jurídica, transparencia y protección de los consumidores, procurando que las relaciones contractuales se desarrollen bajo condiciones equitativas.
La disposición está dirigida a empresas inmobiliarias y urbanísticas, Notarías de Fe Pública y ciudadanía en general.
El mensaje central de la autoridad es que la certificación anterior sigue siendo válida, pero las empresas deben aprovechar el plazo establecido para adecuar su documentación al nuevo sistema y obtener el formato actualizado.
