El Seguro Social Universitario de Santa Cruz vuelve al centro de la controversia. Esta vez, la denuncia proviene del exrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Jerjes Justiniano, quien cuestionó públicamente a través de un video el manejo del directorio de la institución y lanzó acusaciones que involucran directamente al actual rector, Reinerio Vargas.
Justiniano sostiene que existen dos hechos que deberían ser esclarecidos públicamente: la presunta intervención del rector para favorecer la incorporación de su hija, profesional odontóloga, y la posterior ratificación de un gerente del SSU cuya designación habría sido cuestionada judicialmente.
El exrector fue enfático en diferenciar ambos asuntos: afirmó que el problema no es que la hija del rector trabaje en el Seguro Social Universitario, sino la forma en que habría ingresado a la institución.
“No estamos censurando el hecho de que la hija del rector trabaje en una institución dependiente”, sostuvo Justiniano, cuestionando que su incorporación se hubiera producido presuntamente por influencia de la máxima autoridad universitaria.
La primera interrogante: ¿cómo fue contratada la hija del rector?
La denuncia plantea una pregunta concreta que, hasta ser documentada por las instituciones involucradas, debe permanecer como acusación pendiente de comprobación:
¿Cuál fue el procedimiento mediante el cual la hija del rector Reinerio Vargas ingresó a trabajar al Seguro Social Universitario?
Justiniano sostiene que Vargas habría intervenido para conseguir su designación como odontóloga.
La respuesta debería encontrarse en documentos: convocatoria, requisitos, evaluación, contrato o memorándum de designación, resolución administrativa y, sobre todo, la autoridad que autorizó su ingreso.
El punto central no es el parentesco por sí mismo, sino determinar si existió un proceso transparente y compatible con las normas de contratación de la institución.
El segundo frente: un gerente cuestionado y una decisión judicial
La denuncia adquiere mayor gravedad cuando Justiniano se refiere a la designación del gerente del Seguro Social Universitario.
Según su relato, representantes del sector de jubilados y docentes cuestionaron la designación y acudieron a la justicia mediante una acción de amparo constitucional.
Justiniano asegura que el amparo fue favorable y que la decisión judicial dispuso que el directorio se reúna en un plazo de 48 horas para resolver la situación, además de dejar sin efecto la designación cuestionada.
Ese extremo requiere una verificación documental de la resolución judicial específica, porque constituye el núcleo jurídico de la denuncia.
No obstante, existen antecedentes que muestran que el Seguro Social Universitario de Santa Cruz ha estado involucrado anteriormente en procesos constitucionales relacionados con su directorio y representación institucional. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó en 2023 una tutela relacionada con la representación del sector pasivo de la UAGRM y posteriormente el directorio del SSU emitió una resolución para acreditar a sus representantes en cumplimiento de esa decisión.
¿Se acató o se burló la decisión judicial?
Aquí aparece la acusación más delicada.
Justiniano afirma que, después del fallo, el directorio habría sido convocado nuevamente, pero sin la participación del representante docente que había cuestionado la designación.
Según su versión, posteriormente el directorio habría vuelto a respaldar al mismo funcionario y llevado el caso ante el rectorado.
“Lo ratificaron nuevamente”, denunció el exrector, calificando la actuación como una presunta burla a la justicia constitucional.
De confirmarse documentalmente que una resolución judicial dejó sin efecto una designación y que posteriormente la misma autoridad fue ratificada sin cumplir las condiciones establecidas por el fallo, el caso podría adquirir una dimensión institucional y jurídica mucho mayor.
Pero para afirmarlo como hecho se necesita conocer el número de la resolución, su parte dispositiva, la fecha de notificación y las resoluciones posteriores del directorio.
Un directorio con cuatro sectores
Justiniano también puso bajo la lupa la estructura del directorio del SSU.
Según explicó, participan representantes de cuatro sectores vinculados con la universidad:
- La UAGRM.
- La Federación de Profesores.
- La Asociación de Jubilados.
- Los trabajadores administrativos.
El SSU, de acuerdo con información oficial del Estado, fue creado mediante el Decreto Supremo 20051 de 20 de febrero de 1984 y cuenta con personería jurídica y patrimonio propio, además de autonomía de gestión administrativa y financiera.
Por eso, la controversia no se limita a una disputa política dentro de la universidad. También alcanza al funcionamiento del órgano encargado de administrar una institución que maneja recursos destinados a servicios de salud.
La pregunta que queda abierta
La denuncia de Justiniano coloca al rector Reinerio Vargas y al directorio del Seguro Social Universitario ante varias preguntas que requieren respuestas documentadas:
¿Quién autorizó la contratación de la hija del rector?
¿Hubo convocatoria o proceso de selección?
¿Qué requisitos cumplió?
¿Quién firmó su designación?
¿Cuál fue exactamente la resolución judicial que cuestionó la designación del gerente?
¿Qué ordenó el tribunal?
¿El directorio cumplió esa resolución?
¿Por qué fue ratificado posteriormente el gerente cuestionado?
Y una pregunta de fondo:
¿Quién controla al Seguro Social Universitario cuando sus propias autoridades son cuestionadas por incumplir decisiones judiciales?
La polémica adquiere especial sensibilidad porque el SSU no es una oficina administrativa cualquiera. Se trata de una institución de salud que atiende a trabajadores universitarios y otros asegurados y que mantiene convenios con la UAGRM. Para la gestión 2026, la universidad informó que el convenio con el SSU permite brindar atención médica integral a más de 50.000 estudiantes.
