El Gobierno nacional, a través de los ministros Marco Antonio Oviedo y Ernesto Justiniano, expuso la tarde de este miércoles los argumentos para solicitar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la ampliación del estado de excepción. La protección de la población y la prevención de riesgos ante posibles nuevas medidas de presión fueron algunos de los argumentos planteados con base en 12 informes de instituciones responsables de la seguridad.
El ministro de Gobierno inició su intervención al señalar que la medida debe continuar para “proteger los derechos de la gente” y evitar que los bloqueos ocasionen luto y dolor a la población, además de perjuicios económicos millonarios.
Advirtió que, si no se aprueba la continuidad del estado de excepción, Bolivia quedará expuesta al peligro de nuevos bloqueos que podrían causar daños irreparables.
La autoridad remarcó que la solicitud se sustenta en 12 informes: ocho de la Policía Boliviana, dos del Ministerio de Gobierno, uno de las Fuerzas Armadas y uno del Ministerio de Defensa.
Detalló que estos informes identifican factores de riesgo vigentes, la persistencia de amenazas públicas, anuncios de medidas de presión y limitaciones de las fuerzas del orden ante eventuales conflictos simultáneos, entre otros aspectos.
Oviedo agregó que se mantienen focos de conflictividad en el país, sobre todo en algunos puntos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con la intención de reactivar los bloqueos después del 18 de septiembre y afectar el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustible y otros insumos.
“Con base en las razones expuestas, se demuestra la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad de la ampliación del estado de excepción”, señaló el ministro Oviedo.
A su turno, el ministro de Defensa inició su participación al señalar que el estado de excepción trajo tranquilidad al país después de más de 50 días de bloqueos, por lo que corresponde evaluar una ampliación de la medida.
La autoridad hizo un recuento de los hechos registrados, la cantidad de puntos de bloqueo instalados en el país, los problemas y perjuicios ocasionados, además de las personas fallecidas y heridas a causa de las medidas de presión.
Justiniano afirmó que el estado de excepción permitió reducir la conflictividad, aunque también hubo mesas de diálogo, decisiones sectoriales y otros factores que contribuyeron a recuperar la tranquilidad.
“Lo que sí podemos afirmar, sobre datos verificables, es que durante su vigencia se produjo una reducción rápida de los bloqueos y una recuperación de la transitabilidad”, refirió.
La autoridad explicó que la reducción de los bloqueos no implica que hayan desaparecido las causas que podrían volver a generarlos. Mencionó que los conflictos pueden escalar en determinados escenarios y poner en riesgo a la población y a los servidores públicos, por lo que existe la necesidad de evitar esos extremos, proteger el derecho a la protesta pacífica y prevenir vulneraciones de los derechos de terceros.
Asimismo, explicó que los niveles de riesgo son diferentes en los departamentos del país. “Muy alto Santa Cruz; alto La Paz, El Alto, Cochabamba; medio alto Beni, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija; bajo Pando”, detalló. /ABI/
