La subvención a los combustibles vuelve a ocupar el centro del debate económico en Bolivia. El Gobierno de Rodrigo Paz informó que actualmente destina alrededor de $us 55 millones cada semana para cubrir la diferencia entre el costo de los carburantes que se compran en el exterior y el precio al que se comercializan en el mercado interno.
La cifra permite dimensionar el impacto fiscal del mecanismo. $us 55 millones semanales equivalen a unos $us 2.860 millones al año si ese ritmo se mantuviera durante 52 semanas. El Ejecutivo sostiene que ese dinero podría ser destinado a inversión pública, infraestructura, salud y educación.
El presidente Rodrigo Paz Pereira planteó el debate en términos de “subsidio o futuro” y confirmó que su administración trabaja en una estrategia para retirar la subvención.
“Estamos trabajando en ello”, afirmó Paz, al señalar que incluso el gobernador de Santa Cruz le habría planteado la necesidad de retirar el subsidio.
El costo aumenta por la dependencia de las importaciones
El vocero presidencial José Luis Gálvez explicó que el problema se agrava porque Bolivia debe comprar una parte importante de los combustibles en el exterior y los precios internacionales han elevado el costo de abastecimiento.
El Gobierno sostiene además que el diferencial entre el precio subsidiado y el costo real genera incentivos para la reventa, el mercado negro y el traslado ilegal de carburantes fuera del país.
Gálvez utilizó como referencia el impacto que tendría ese monto en Santa Cruz: afirmó que los $us 55 millones semanales permitirían atender problemas de establecimientos educativos y hospitales de tercer nivel, o financiar una obra vial de gran magnitud.
El fondo para combustibles se multiplicó por seis
Mientras el Gobierno analiza cómo desmontar la subvención, simultáneamente tuvo que incrementar los recursos destinados a garantizar el abastecimiento.
Mediante el Decreto Supremo 5705, el techo de financiamiento del Tesoro General de la Nación para cubrir la compra de petróleo y derivados llegó a Bs 6.000 millones.
El monto había comenzado en Bs 1.000 millones en julio, subió a Bs 2.000 millones en agosto y llegó a Bs 6.000 millones en septiembre. Es decir, el límite de financiamiento es ahora seis veces mayor que el inicial.
Es importante precisar que esos Bs 6.000 millones constituyen un techo de financiamiento, no significan que el Estado haya desembolsado esa cantidad de manera inmediata.
El FMI fija 2027 como año clave
El retiro de la subvención no es solamente una discusión interna del Gobierno. También forma parte del programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El documento del acuerdo establece que Bolivia se propone eliminar las subvenciones a los combustibles en 2027, al mismo tiempo que incrementaría el gasto destinado a asistencia social. También plantea que el Presupuesto General del Estado de 2027 no contemple recursos para mantener esa subvención y que los precios internos alcancen niveles de recuperación de costos.
El programa está vinculado a un financiamiento de aproximadamente $us 1.900 millones a 36 meses, cuyo acuerdo todavía requiere completar su proceso de aprobación.
¿Qué significa para los bolivianos?
El dilema económico es complejo. Mantener el subsidio significa que el Estado debe seguir cubriendo con recursos públicos una brecha cada vez mayor entre el costo de importación y el precio interno.
Eliminarlo, en cambio, implica un potencial incremento del precio de los carburantes y, por esa vía, presiones sobre transporte, producción agrícola, industria, logística y precios de los alimentos.
Por eso, el propio Gobierno sostiene que cualquier retiro debe realizarse de manera gradual y acompañado de mecanismos de protección para los sectores más vulnerables. El acuerdo con el FMI contempla precisamente un aumento de la asistencia social como parte de la transición.
En términos simples, Bolivia enfrenta ahora una cuenta que crece por ambos lados: importar combustible resulta cada vez más caro, mientras el Estado mantiene precios internos por debajo del costo de adquisición.
La pregunta que queda planteada para 2027 es cómo trasladar ese costo desde las cuentas públicas hacia un nuevo esquema de precios sin provocar un golpe desproporcionado sobre los hogares y los sectores productivos.
