La decisión del Gobierno de Estados Unidos de restringir el ingreso a Roger Mariaca, fiscal general del Estado, y a otros fiscales, jueces, exautoridades y funcionarios bolivianos constituye un hecho políticamente sensible porque no se limita a una persona: alcanza a distintos niveles del sistema de justicia y seguridad.
Washington acusa específicamente a Mariaca de haber solicitado y aceptado sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Es importante precisar que se trata de una acusación del Gobierno estadounidense, no de una sentencia judicial boliviana ni de una condena internacional.
Mariaca fue elegido Fiscal General por la Asamblea Legislativa en octubre de 2024 con 115 votos, superando los dos tercios requeridos, para un mandato de seis años.
1. El problema deja de ser individual y pasa a ser institucional
El elemento políticamente más delicado es la cantidad y diversidad de funcionarios alcanzados.
Entre los bolivianos señalados aparecen fiscales superiores, fiscales departamentales, jueces de instrucción, un magistrado constitucional, exmagistrados, un exministro de Justicia, un exresponsable de la Aduana y un coronel de la Policía.
Eso permite que el debate político deje de centrarse exclusivamente en “¿qué hizo Mariaca?” y pase a una pregunta mucho más profunda:
¿Qué está ocurriendo dentro del sistema boliviano de justicia y lucha contra el narcotráfico?
La lista estadounidense incluye 12 ciudadanos bolivianos con restricciones y, según reportes sobre la medida, otros nueve que quedaron inelegibles para obtener visa, además de Mariaca y sus familiares.
2. Golpe a la credibilidad del Ministerio Público
La acusación contra el Fiscal General tiene una particularidad: el máximo responsable del Ministerio Público es acusado precisamente de corrupción vinculada al narcotráfico.
Eso puede generar un problema de legitimidad institucional, independientemente de que las acusaciones estadounidenses sean posteriormente demostradas, rechazadas o investigadas.
Para el Gobierno boliviano se abre una situación incómoda: si defiende automáticamente a Mariaca, puede ser interpretado políticamente como una defensa corporativa; si exige una investigación independiente, puede abrir la puerta a revisar el funcionamiento del propio Ministerio Público.
Por eso, la respuesta institucional será políticamente importante.
3. Washington introduce el narcotráfico como asunto de Estado
Estados Unidos no presentó la medida únicamente como una cuestión migratoria.
El Departamento de Estado la inscribe dentro de su política para combatir corrupción, narcotráfico y amenazas al Estado de derecho en países participantes del denominado Escudo de las Américas. Washington sostiene que la corrupción que permite actividades vinculadas al narcotráfico afecta la seguridad y la gobernabilidad democrática.
Eso cambia la dimensión del caso.
Ya no es solamente Washington diciendo “estas personas no pueden entrar a Estados Unidos”. Es Washington diciendo que determinadas conductas de funcionarios latinoamericanos afectan sus intereses de seguridad regional.
4. El Gobierno de Rodrigo Paz queda ante una prueba política
El caso también coloca al Gobierno de Rodrigo Paz ante un dilema.
Paz llegó al poder con un discurso de reconstrucción institucional, lucha contra la corrupción y acercamiento internacional. Una acusación estadounidense contra el Fiscal General y funcionarios judiciales puede convertirse en una oportunidad para plantear una política de depuración y fortalecimiento institucional, pero también en una fuente de conflicto con órganos que tienen autonomía constitucional.
La clave estará en qué hace el Gobierno con la información estadounidense.
Una reacción política puede ser rechazar las acusaciones por considerarlas injerencia.
Otra puede ser exigir que Washington presente información a las autoridades bolivianas y abrir investigaciones internas.
Una tercera posibilidad es promover mecanismos de cooperación internacional para verificar movimientos patrimoniales, comunicaciones, operaciones financieras y eventuales vínculos con organizaciones criminales.
La diferencia entre estas respuestas tendrá consecuencias políticas.
5. El factor Santa Cruz es especialmente sensible
Hay otro elemento que no debería pasar desapercibido.
Varios de los funcionarios mencionados tienen relación con Santa Cruz: Mariaca fue fiscal departamental; Alberto Zeballos es fiscal departamental; aparecen jueces de Santa Cruz y un juez de La Guardia.
Por tanto, el impacto político puede sentirse con particular intensidad en el departamento.
Santa Cruz es además uno de los principales escenarios nacionales de las investigaciones relacionadas con narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y violencia vinculada a organizaciones criminales.
Que Washington señale simultáneamente a varias autoridades vinculadas al aparato judicial cruceño puede abrir un debate local sobre la independencia y eficacia de la justicia en Santa Cruz.
6. La gran pregunta política: ¿hay una “justicia capturada”?
Aquí aparece el punto más delicado, pero también donde debe evitarse sacar conclusiones sin pruebas.
La decisión estadounidense no demuestra por sí misma que exista una estructura de protección al narcotráfico dentro de la justicia boliviana.
Pero sí coloca sobre la mesa una hipótesis extremadamente grave que las autoridades bolivianas deberían aclarar mediante investigaciones verificables.
Porque si las acusaciones fueran demostradas, el problema no sería solamente la conducta de algunos funcionarios.
Podría significar que organizaciones criminales consiguieron penetrar determinados niveles del Estado.
Y si las acusaciones no fueran demostradas, también existiría un problema: Bolivia tendría que explicar por qué Estados Unidos llegó a identificar a tantos funcionarios de su aparato judicial y de seguridad.
7. El caso puede convertirse en una prueba de soberanía
También habrá una inevitable discusión sobre la relación Bolivia-Estados Unidos.
La medida puede ser presentada desde algunos sectores como injerencia estadounidense en asuntos internos.
Pero existe otra dimensión: Estados Unidos tiene capacidad soberana para decidir quién ingresa a su territorio y puede aplicar restricciones de visa conforme a su legislación. La propia normativa estadounidense contempla restricciones de ingreso relacionadas con corrupción significativa y otros intereses de política exterior.
Por tanto, el debate político serio no debería quedarse únicamente en “Estados Unidos se mete en Bolivia”, sino avanzar hacia una pregunta más importante:
¿Qué hará Bolivia con las acusaciones que Estados Unidos está poniendo sobre la mesa?
8. El mayor riesgo: que el narcotráfico se convierta en una crisis de legitimidad del Estado
Este es probablemente el aspecto de mayor alcance.
Bolivia ya enfrenta una discusión sobre la penetración del narcotráfico en diferentes ámbitos económicos, sociales y de seguridad. Ahora aparece una acusación internacional que alcanza directamente a integrantes del sistema de justicia.
Si el caso no es esclarecido con rapidez y transparencia, puede producir un efecto político peligroso:
la ciudadanía puede comenzar a desconfiar no solamente de determinadas autoridades, sino de la capacidad del Estado para investigar y sancionar al crimen organizado.
Y esa pérdida de confianza puede ser mucho más dañina que la propia sanción migratoria.
