El caso Roger Mariaca ingresó en una nueva fase judicial. Después de que un juez ordenara su detención preventiva por seis meses dentro de una investigación por presunta organización criminal y tráfico de sustancias controladas, el exfiscal general enfrenta ahora un segundo proceso, esta vez por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. (EJU.tv)
El origen de esta nueva causa está en un hecho que concentra la atención pública: la madrugada del 1 de octubre, una ambulancia que había ingresado al condominio donde residía Mariaca fue interceptada cuando salía del lugar con dinero oculto en su interior.
El conteo realizado por las autoridades estableció Bs 3.532.100 y $us 10.000. La información fue confirmada por el fiscal de materia Daniel Ortuño y difundida por la Agencia Boliviana de Información. (Abi)
La Fiscalía sostiene que existen elementos que justifican investigar la procedencia de esos recursos y su eventual relación con actividades ilícitas. En el operativo fueron aprehendidas personas que se encontraban en la ambulancia y, según los reportes de la investigación, también se indaga la participación de otra persona relacionada con el retiro del sistema de grabación de las cámaras de seguridad del condominio. (Correo del Sur)
EL DATO INCÓMODO: el dinero tiene una cifra, pero todavía necesita una historia
La pregunta fundamental no es solamente cuánto dinero había, sino de dónde salió, a quién pertenecía, para quién estaba destinado y por qué estaba siendo trasladado de esa manera.
La suma —más de Bs 3,5 millones y $us 10.000— es suficientemente relevante como para que la investigación deba reconstruir su trazabilidad: movimientos bancarios, documentos, registros contables, declaraciones de los involucrados, cámaras de seguridad, comunicaciones y cualquier otro elemento que permita establecer una conexión objetiva entre el dinero y una eventual actividad ilícita.
Ese es precisamente el desafío probatorio de la Fiscalía.
Porque encontrar dinero en una ambulancia puede constituir un elemento importante dentro de una investigación, pero el hallazgo físico del efectivo no determina por sí mismo su origen ilícito ni la responsabilidad penal de Mariaca. Esa relación debe ser demostrada mediante otros elementos de convicción.
Dos procesos, una misma presión judicial
La segunda audiencia adquiere especial importancia porque se desarrolla inmediatamente después de la primera decisión judicial contra Mariaca.
En el primer proceso, el juez Carlos Montalván dispuso seis meses de detención preventiva para el exfiscal general en el penal de Cantumarca, Potosí. La Fiscalía había presentado elementos relacionados con dinero, teléfonos, documentos e informes de inteligencia dentro de la investigación por presunta organización criminal y tráfico de sustancias controladas. (EJU.tv)
Ahora, el Ministerio Público busca una nueva medida cautelar dentro de una causa diferente.
La Fiscalía ha pedido que Mariaca permanezca detenido preventivamente también por este segundo caso, mientras continúa la investigación sobre el origen y destino de los recursos. (Correo del Sur)
Esto coloca al exfiscal general en una situación judicial particularmente compleja: dos investigaciones distintas que se cruzan alrededor de una misma secuencia de hechos, pero que jurídicamente deben ser analizadas de manera independiente.
La prueba clave será la trazabilidad
El verdadero punto de inflexión del caso estará en determinar si la Fiscalía puede pasar de la sospecha a la evidencia.
Hay varias preguntas que deberían ser respondidas durante la investigación:
- ¿Quién entregó los Bs 3,5 millones y los $us 10.000?
- ¿Quién era el propietario del dinero?
- ¿De qué actividad económica procedían los recursos?
- ¿Por qué fueron trasladados en una ambulancia?
- ¿Quién ordenó o contrató el vehículo?
- ¿Quién debía recibir el dinero?
- ¿Qué relación tenía Mariaca con los recursos?
- ¿Qué muestran las cámaras de seguridad del condominio?
- ¿Por qué se habría retirado el sistema de grabación?
- ¿Existen registros bancarios, documentos o comunicaciones que permitan reconstruir la operación?
Las respuestas a estas preguntas serán más determinantes que la propia cantidad de dinero encontrada.
El caso que puede marcar el futuro judicial de Mariaca
La investigación adquiere además una dimensión institucional porque Mariaca ocupó la máxima jefatura del Ministerio Público.
Por ello, el caso no solo tiene consecuencias personales para el exfiscal general. También pone bajo escrutinio la actuación de funcionarios, fiscales, policías y otras personas que aparecen vinculadas a las investigaciones.
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió, pero esa exigencia de transparencia debe ir acompañada de garantías procesales.
La Fiscalía tiene la obligación de investigar y presentar sus elementos; la defensa tiene derecho a controvertirlos; y corresponde al juez determinar si existen los presupuestos legales para imponer una medida cautelar.
El dato incómodo es, entonces, doble: hay más de Bs 3,5 millones y $us 10.000 cuyo origen debe ser explicado, pero también hay una investigación que debe demostrar, con pruebas verificables, cualquier vínculo entre ese dinero y una actividad ilícita.
El caso Mariaca entra así en una etapa decisiva: ya no basta con explicar cómo apareció el dinero; será necesario establecer documentalmente de dónde provino, hacia dónde iba y quién tenía control sobre esos recursos.
