El retorno del vicepresidente Edmand Lara a Bolivia abrió un nuevo frente de conflicto entre los máximos órganos del Estado. Lara cuestionó el procedimiento utilizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para suspender definitivamente al fiscal general Roger Mariaca y anunció que, por ahora, no posesionará a José Armando Urioste, elegido como máxima autoridad interina del Ministerio Público.
La decisión amenaza con dejar en suspenso la transición en la Fiscalía General y profundiza el debate sobre las atribuciones del Legislativo y de la Presidencia de la Asamblea.
Durante la ausencia de Lara, quien se encontraba de viaje en España, la Asamblea aprobó una modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público que incorporó un mecanismo para la suspensión definitiva del fiscal general cuando exista una imputación formal y/o una medida cautelar personal por delitos sancionados con privación de libertad. Con base en esa modificación, el Legislativo suspendió a Mariaca y posteriormente eligió a Urioste como interino por 90 días.
Pero Lara cuestiona precisamente la aplicación de esa reforma al caso Mariaca. Según sostuvo a su llegada al país, una ley nueva no puede aplicarse retroactivamente a hechos o causales ocurridos antes de su aprobación.
“No se puede aplicar una ley recién aprobada por un hecho que ha pasado antes”, afirmó Lara, quien anunció que consultará con sus asesores jurídicos antes de reconocer el procedimiento.
El vicepresidente también puso sobre la mesa otro argumento: sostuvo que existiría jurisprudencia constitucional que impediría suspender a una autoridad únicamente por una imputación, debido al principio de presunción de inocencia.
Lara reclama la potestad de posesionar al fiscal
El conflicto adquiere una dimensión institucional porque Lara reivindica su condición de vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, y sostiene que le corresponde realizar la posesión del nuevo fiscal general.
Por ello, dejó claro que no tomará juramento a Urioste mientras no tenga certeza de que el procedimiento utilizado por la Asamblea respetó la Constitución, las leyes y las sentencias constitucionales.
La advertencia también alcanzó al presidente del Senado, Diego Ávila, quien encabezó la sesión legislativa durante la ausencia de Lara y podría quedar en el centro de una disputa sobre quién tiene competencia para concretar la posesión.
“Si el señor Ávila lo quiere posesionar, allá él”, manifestó Lara, aunque advirtió que una eventual vulneración de la Constitución podría generar consecuencias.
El trasfondo: una Fiscalía sin transición definida
La controversia se produce apenas horas después de que la Asamblea acelerara el proceso de salida de Mariaca. La reforma legal fue aprobada el viernes y permitió que, en la misma sesión legislativa, se procediera con su suspensión definitiva. Posteriormente, tras varias votaciones, Urioste obtuvo más de dos tercios de los votos requeridos para asumir interinamente.
De esta manera, el cambio en la Fiscalía General enfrenta ahora una segunda batalla: ya no solamente se discute quién reemplazará a Mariaca, sino si el procedimiento utilizado para apartarlo y designar a su sucesor fue constitucionalmente válido.
El desenlace dependerá ahora de la revisión jurídica que anunció Lara y de la eventual decisión de la Asamblea sobre la posesión de Urioste. Por el momento, el acto previsto para este lunes queda condicionado por la negativa del vicepresidente a tomar juramento al fiscal interino.
La disputa por la Fiscalía, por tanto, se traslada del terreno penal al terreno constitucional y político: Mariaca deja el cargo, Urioste fue elegido para reemplazarlo, pero Lara cuestiona la vía utilizada para concretar ese relevo.
