El presidente Rodrigo Paz reconoció este lunes a José Armando Urioste como fiscal general del Estado interino y le planteó cuatro tareas para los 90 días que tendrá al frente del Ministerio Público: recuperar la institucionalidad, recuperar la credibilidad, garantizar la independencia e iniciar una transición.
El acto se realizó en el Palacio Quemado, después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional designara a Urioste el pasado sábado para reemplazar a Roger Mariaca. La Presidencia de la ALP convocó para esta misma jornada al acto formal de juramento y posesión.
“No se posesiona una autoridad, se reconoce una decisión de la democracia”, afirmó Paz, quien sostuvo que Bolivia atraviesa simultáneamente una crisis económica y una crisis de confianza en la administración de justicia.
El mandatario pidió al nuevo fiscal que las decisiones del Ministerio Público estén sustentadas en la ley y que las investigaciones no respondan a intereses políticos, económicos o criminales. También anunció que el Ejecutivo dispone de preacuerdos con organismos de cooperación internacional para apoyar la modernización de la Fiscalía.
Urioste promete “limpiar la cara” de la Fiscalía
Durante el mismo acto, Urioste calificó su designación como un “punto de inflexión” y anunció una gestión orientada a recuperar el Estado de derecho, la seguridad jurídica y la independencia del Ministerio Público.
El nuevo fiscal interino afirmó que buscará dejar “la casa por lo menos en orden” al concluir sus 90 días, además de impulsar un programa de reformas. También cuestionó las denuncias de corrupción y extorsión que, según sostuvo, han deteriorado la confianza de los ciudadanos en la Fiscalía.
Una de las señales más concretas anunciadas por Urioste fue pedir a los fiscales departamentales que pongan sus cargos a disposición, anticipando posibles cambios dentro de la estructura del Ministerio Público.
El fiscal interino, además, rechazó que su designación haya sido resultado de acuerdos políticos o pagos. Aseguró que no pagó “un solo peso” para acceder al cargo y que no recibió influencia política para ser elegido.
Un interinato bajo presión institucional
La llegada de Urioste ocurre en un escenario particularmente complejo: la Asamblea Legislativa decidió reemplazar a Mariaca después de modificar la Ley 260 para permitir la suspensión definitiva del Fiscal General imputado o sujeto a medidas cautelares por delitos penales.
Además, la designación abrió una disputa institucional. Mientras el Ejecutivo reconoció públicamente a Urioste, el vicepresidente Edmand Lara pidió información sobre la sesión legislativa en la que fue elegido y puso en duda el procedimiento, antes de definir su participación en el acto de posesión.
Así, los 90 días de Urioste no solo estarán marcados por la promesa de reformar la Fiscalía, sino también por la necesidad de demostrar que el Ministerio Público puede actuar con independencia frente a los distintos órganos del poder público. El propio Urioste resumió el desafío en tres conceptos: independencia, reforma y recuperación de la confianza ciudadana.
