El fiscalizador ciudadano Félix Enrique Oros Rivero presentó este miércoles una Acción Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz para cuestionar el incremento de la tarifa del transporte público urbano de Bs 2,80 a Bs 3,50 y solicitar su suspensión provisional.
De acuerdo con el comprobante del Sistema Integrado de Registro Judicial, la acción fue recibida el 7 de octubre de 2026 a las 10:25, con Nurej 70670682, y fue asignada a la Sala Constitucional 1, dentro de la materia de Acciones de Defensa Constitucional y como proceso de primera instancia.
La demanda tiene como accionados al alcalde Carlos Manuel Saavedra Saavedra, a la presidenta del Concejo Municipal Laura Luisa Nayar Sosa y al secretario del Legislativo municipal, Marco Antonio Cadena Carignano.
Oros pide congelar la tarifa de Bs 3,50
En su demanda, Oros solicita como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos de la Ley Autonómica Municipal GAMSCS N.º 1913, relacionada con la nueva tarifa del transporte urbano.
El accionante sostiene que la norma aprobó un incremento del 75%, al elevar el pasaje ordinario de Bs 2 a Bs 3,50, y considera que la medida genera un impacto económico sobre las familias usuarias del transporte público.
Entre sus argumentos, cuestiona que la determinación tarifaria se hubiera realizado sin una adecuada participación de las organizaciones vecinales y de las instancias de Control Social.
Cuestiona el procedimiento utilizado
La Acción Popular también observa el procedimiento técnico previo a la aprobación de la norma.
Según el documento presentado por Oros, el Informe Técnico C.L. DRGTAT N.º 82/2026 habría sido emitido el mismo 2 de octubre, fecha en la que el Concejo Municipal sancionó la Ley Autonómica N.º 1913.
El fiscalizador ciudadano interpreta esta coincidencia como una falta de tiempo suficiente para un debate técnico, análisis de costos y consulta pública previa.
Alega vulneración de derechos colectivos
La demanda sostiene que la aplicación de la nueva tarifa podría afectar el derecho colectivo al acceso a servicios públicos en condiciones de equidad, continuidad, calidad y tarifas razonables.
También invoca los principios de proporcionalidad y justicia social en la fijación de tarifas públicas y el derecho a la participación y control social establecido en la Constitución Política del Estado.
¿Qué pide Oros a la Justicia?
El petitorio plantea cuatro puntos principales:
- Admitir la Acción Popular.
- Conceder de manera inmediata la medida cautelar para suspender provisionalmente la aplicación del pasaje de Bs 3,50.
- Fijar fecha y hora para la audiencia pública de la Acción Popular.
- En caso de declararse procedente la acción, disponer la anulación o inaplicabilidad de la Ley Municipal N.º 1913 y ordenar al Concejo Municipal reiniciar el tratamiento tarifario bajo el cumplimiento de la normativa de Control Social.
La presentación de la Acción Popular no significa todavía que la Justicia haya suspendido el pasaje de Bs 3,50 ni que haya dado la razón al accionante. El documento judicial acredita la recepción y asignación del proceso; corresponderá a la Sala Constitucional definir la admisión, la medida cautelar solicitada y posteriormente el fondo de la demanda.
