La Fiscalía emitió alrededor de 30 citaciones en el marco de las investigaciones relacionadas con los casos Terrorismo I y II, vinculados al denominado caso Hotel Las Américas. Así lo informó Alfredo Saucedo, abogado de las víctimas, quien identificó entre los convocados al exvicepresidente Álvaro García Linera; al general Johnny Aguilera; al excomandante de la Policía Jorge Renato Santisteban y al exministro de Gobierno Alfredo Rada.
Saucedo precisó que las convocatorias están dirigidas principalmente a personas que deberán comparecer en calidad de testigos, mientras el Ministerio Público busca establecer la participación que pudo tener cada una en los hechos investigados.
El abogado sostuvo que durante los 11 años que se prolongó el proceso se produjeron hechos que calificó como persecuciones, torturas y asesinatos. Estas denuncias forman parte de los antecedentes y reclamos que las víctimas buscan esclarecer mediante las investigaciones judiciales.
Víctimas piden establecer responsabilidades
De acuerdo con Saucedo, los casos Terrorismo I y II, que fueron divididos durante el gobierno de Evo Morales, dejaron 54 víctimas. Por ello, pidió que las actuaciones del Ministerio Público permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.
“Lo que acá buscamos es que se cumpla ese mandato del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que se haga justicia para todos, no solamente para quienes estamos reclamando en este momento, sino para todo Santa Cruz y para toda Bolivia”, afirmó el jurista.
La emisión de las citaciones constituye una actuación dentro de la investigación y no implica, por sí misma, que las personas convocadas tengan responsabilidad penal. Corresponderá a las autoridades competentes establecer los hechos, valorar los elementos de prueba y determinar si existen responsabilidades individuales.
El caso Hotel Las Américas continúa siendo uno de los episodios más controvertidos de la historia política y judicial reciente de Bolivia, por las circunstancias del operativo policial de abril de 2009, las muertes registradas y las posteriores denuncias sobre el desarrollo de los procesos judiciales.
La investigación actual busca avanzar en el esclarecimiento de los hechos y atender los reclamos de las víctimas, en el marco de las obligaciones del Estado boliviano en materia de derechos humanos.
