El proyecto de Carta Orgánica Municipal de Santa Cruz de la Sierra, que socializa el oficialismo en el Gobierno municipal liderado por Manuel Saavedra y Luis Náyar, plantea una estructura institucional moderna, incorpora mecanismos de participación ciudadana, transparencia, planificación territorial y desarrollo urbano descentralizado. Sin embargo, una revisión de su contenido revela una contradicción de fondo: mientras reconoce a los distritos como espacios fundamentales para la gestión municipal, no establece un modelo concreto de distribución del poder político, administrativo y financiero hacia esas jurisdicciones.
La principal debilidad aparece en el artículo 24, referido a las Subalcaldías Distritales y Descentralización. Allí se establece que cada distrito urbano y rural tendrá una subalcaldía para descentralizar trámites administrativos, operaciones y atención directa a los vecinos.
Pero el mismo artículo señala que el alcalde o alcaldesa delegará las atribuciones operativas y los recursos que considere necesarios para ejecutar servicios y obras menores.
Esta disposición deja la descentralización sujeta a la voluntad de la autoridad municipal. No establece competencias distritales propias, presupuestos garantizados ni porcentajes de los ingresos municipales que deban retornar a los distritos.
En otras palabras, las subalcaldías aparecen como dependencias operativas del Ejecutivo municipal y no como instancias con capacidad efectiva de decisión sobre las prioridades y los recursos de sus territorios.
El alcalde mantiene el control político y administrativo. Otro elemento que refuerza esta estructura es la designación de los subalcaldes. El artículo 25 establece que el alcalde tiene la atribución de designar y destituir a los responsables de las subalcaldías, además de secretarios y directores municipales.
Esto significa que las autoridades distritales dependerán políticamente de la máxima autoridad ejecutiva y no de una representación territorial elegida por los vecinos.
El proyecto tampoco establece mecanismos para que los distritos tengan capacidad propia de aprobar prioridades de inversión, administrar una parte de los ingresos municipales o ejecutar directamente proyectos de mayor alcance.
La diferencia es importante: descentralizar oficinas y trámites no equivale a descentralizar el poder. Una verdadera descentralización supone acercar también las decisiones, las responsabilidades y los recursos públicos a los ciudadanos.
Un presupuesto único sin distribución distrital garantizada. La concentración financiera es otro de los aspectos más relevantes del proyecto.
El artículo 74 establece que los ingresos municipales son recursos financieros centralizados en el Tesoro Municipal. A su vez, el artículo 77 dispone la existencia de un presupuesto anual único.
Aunque el artículo 10 reconoce que la planificación, la asignación de recursos y la programación de obras deben realizarse mediante procesos participativos en las unidades vecinales y los distritos, no establece una fórmula obligatoria para distribuir el presupuesto entre las diferentes jurisdicciones.
El procedimiento mantiene al Ejecutivo municipal como instancia decisiva: recibe las demandas priorizadas, consolida las propuestas y elabora el presupuesto que posteriormente remite al Concejo Municipal.
Por tanto, los vecinos pueden participar y plantear necesidades, pero el documento no les garantiza que sus distritos administren directamente una proporción determinada de los recursos municipales.
Lo que falta es una regla de distribución financiera que impida que las inversiones dependan exclusivamente de las prioridades definidas desde el despacho del alcalde.
Desarrollo policéntrico, pero sin autonomía distrital. El artículo 55 propone un modelo de desarrollo urbano policéntrico, con zonas distritales y subalcaldías que fortalezcan las unidades vecinales y contribuyan a revitalizar el centro histórico.
Es una orientación importante para una ciudad que ha crecido territorial y demográficamente y que necesita acercar los servicios públicos a sus habitantes.
Sin embargo, existe una diferencia entre diseñar una ciudad policéntrica desde el punto de vista urbanístico y construir un gobierno policéntrico desde el punto de vista institucional.
El proyecto desarrolla la primera idea, pero no termina de establecer la segunda.
No contempla una estructura de gobierno distrital con atribuciones claramente delimitadas, capacidad de administrar recursos propios asignados por fórmula, mecanismos de rendición de cuentas distritales y facultades ejecutivas para resolver las necesidades de cada territorio.
Las cinco grandes ausencias de la propuesta. Del análisis del documento se desprenden cinco aspectos que deberían formar parte de una verdadera reforma descentralizadora:
1. Autonomía administrativa distrital: competencias específicas para que las subalcaldías puedan resolver y ejecutar directamente obras y servicios dentro de su jurisdicción.
2. Presupuesto distrital garantizado: asignación obligatoria de una proporción de los ingresos municipales, mediante criterios de población, extensión territorial, necesidades básicas insatisfechas y brechas de infraestructura.
3. Poder de decisión: mecanismos institucionales para que los distritos definan sus prioridades de inversión y no dependan exclusivamente de las decisiones del Ejecutivo central.
4. Autoridades con legitimidad territorial: mecanismos de representación y participación vecinal que fortalezcan la responsabilidad de los subalcaldes ante sus distritos.
5. Control y rendición de cuentas: publicación de los recursos asignados, ejecutados y pendientes en cada distrito, con indicadores que permitan comparar resultados.
Estas propuestas deberían desarrollarse respetando el marco constitucional y las competencias del Gobierno Autónomo Municipal.
Una Carta Orgánica que debe abrir el debate sobre el poder. El documento tiene avances en materia de transparencia, control social, planificación, protección ambiental, gestión hídrica y modernización institucional. También reconoce la autonomía municipal y el principio de subsidiariedad, que plantea acercar las decisiones y los servicios al nivel más próximo a la población.
Sin embargo, existe una contradicción entre esos principios y el diseño institucional propuesto para los distritos.
Santa Cruz de la Sierra no puede aspirar a una administración moderna si la mayor parte de las decisiones políticas, administrativas y presupuestarias continúa concentrada en el nivel central de la Alcaldía.
La discusión de fondo no debería limitarse a cuántas subalcaldías tendrá la ciudad o dónde estarán ubicadas sus oficinas. La pregunta fundamental es cuánto poder tendrán, qué competencias ejercerán y cuánto dinero podrán administrar para atender las necesidades de sus habitantes.
Una Carta Orgánica verdaderamente descentralizadora debería convertir a los distritos en protagonistas de la gestión municipal y no solamente en receptores de instrucciones, trámites y pequeñas obras.
El desafío es pasar de una Alcaldía que administra todos los distritos desde el centro a un municipio donde el poder y los recursos también estén distribuidos territorialmente. De lo contrario, Santa Cruz podría aprobar una Carta Orgánica con un discurso descentralizador, pero conservar en la práctica el mismo modelo centralista de administración municipal.
Principales artículos examinados
| Artículo | Qué establece | Debilidad identificada |
|---|---|---|
| 10 | Presupuesto participativo | No garantiza recursos por distrito. |
| 24 | Subalcaldías distritales | El alcalde decide qué recursos y atribuciones delega. |
| 25 | Atribuciones del alcalde | Mantiene la designación y destitución de subalcaldes. |
| 55 | Desarrollo urbano policéntrico | No crea autonomía política ni financiera distrital. |
| 74 | Ingresos municipales | Centraliza los recursos en el Tesoro Municipal. |
| 77 | Presupuesto municipal | Establece un presupuesto anual único. |
Fuente primaria: Proyecto de Carta Orgánica Municipal de Santa Cruz de la Sierra, artículos 10, 24, 25, 55, 74 y 77, entre otros. Documento de 40 páginas proporcionado para este análisis.
La principal observación no es que el proyecto no mencione la descentralización, sino que no la convierte en una obligación institucional y financiera verificable. Esa es la discusión que deberían abordar los concejales, las juntas vecinales, los representantes distritales y la ciudadanía antes de aprobar el texto definitivo.
