El diputado de Creemos, Andrés Romero, defendió el cuoteo y nepotismo que se reveló en la Gobernación de Santa Cruz y dijo que en esta entidad hay más de 4.000 “pegas” y que no hay ninguna “ilegalidad” en que 150 o más sean ocupadas por parientes o gente que hizo campaña por el proyecto político.
“El cuoteo político existe en las instituciones nacionales. Viene un sátrapa ahí y dice 150, hay 4.000 pegas en la Gobernación, viene a reclamar por 150, 120, pueden ser 200, pueden ser 300, ¿cuál es la ilegalidad?”, espetó el diputado que responde al encarcelado Luis Fernando Camacho.
Romero respondió así el diputado del MAS, Rolando Enríquez Cuellar, quien denunció que él, junto con el diputado Oscar Michel y la asambleísta departamental Paola Aguirre, tienen al menos 150 espacios en la administración departamental y que por ello se resisten a cumplir la Sentencia Constitucional 1021/2023-S4 que ordena que el vicegobernador Mario Aguilera debe asumir “inmediatamente la suplencia temporal en el cargo de Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz” en reemplazo de Camacho, quien está recluido en el penal de Chonchocoro desde diciembre de 2022.
De acuerdo con el diputado del MAS, Michel habría acomodado a 44 personas en cargos en la Gobernación cruceña, Romero a 55 y Aguirre a 26.
“Aguirre ha puesto a su familia, a su hermano a sus amigos de comparsa”, afirmó Enríquez Cuellar en una conferencia de prensa.
Por estos hechos de nepotismo, el concejal cruceño Rolando Pacheco presentó una denuncia en contra de Aguirre y la asambleísta Keila García.
De acuerdo con Pacheco, el 26 de enero de 2023 ingresaron a la Gobernación cruceña de manera irregular varias personas, entre ellas: Manuel Mauricio A., quien sería hermano de la asambleísta Paola Aguirre; Elmer Bascopé R., esposo de la asambleísta Keila García; y Elizabeth B. G., con un sueldo de Bs 11.374, quien sería hermana del diputado Erwin Bazán.
Este ingreso fue mediante una contratación directa y en cargos jerárquicos.
La Fiscalía admitió la denuncia penal e inició las investigaciones por uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles.
Sin embargo, para el diputado Romero “no es un delito tener los espacios laborales para aquellas personas que han trabajado por un proyecto político y seguramente forman parte de eso”.
“Si yo he trabajado por un proyecto político, siendo un ciudadano, un dirigente, una activista, me he comprometido con ellos, seguramente voy a tener la oportunidad de trabajar en el equipo que ha accedido en un cargo”, justificó. /ABI/
