El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva contra el vacado expresidente Pedro Castillo y comparecencia con restricciones para el ex primer ministro Aníbal Torres por los presuntos delitos de rebelión y otros. El investigado exgobernante permanece detenido en la sede de la Diroes, en Ate, desde el 7 de diciembre cuando perpetró un golpe de Estado.
El magistrado precisó que la prisión preventiva se computará hasta el 6 de junio del 2024. Además, notificó su decisión al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para el “traslado e internamiento” del investigado.
En el caso del ex primer ministro, el juez dispuso que no se ausente del lugar en que reside (Lima y Callao) sin autorización del PJ. Además, deberá pagar una caución de 20 mil soles y presentarse ante la autoridad fiscal o judicial las veces que sea citado. También tiene prohibido comunicarse con sus co-investigados o testigos.
Al leer su resolución, el juez señala que existen graves y fundados elementos de convicción de presunta conspiración puesto Castillo Terrones junto a Betssy Chavéz, Willy Huerta y Aníbal Torres habrían concertado la decisión de disolver el Congreso e intervenir el sistema de justicia.
Sobre conspiración para perpetrar el presunto delito de rebelión, el magistrado puntualizó que hay elementos de convicción de que el Mensaje a la Nación fue el inicio del plan para perpetrar un golpe de Estado.
Consideró que existen graves y fundados elementos de convicción respecto a que antes de brindar su mensaje a la Nación Castillo estaba próximo a afrontar su tercera moción de vacancia por su vinculación con presuntos actos de corrupción.
El juez igualmente sostuvo que hay elementos de convicción sobre el presunto delito de abuso de autoridad pues Castillo habría actuado con arbitrariedad sobre el orden constitucional.
Añadió que hay elementos de convicción de que Castillo tenía la intensión de fugar y asilarse en México. Entre estos, al declaración del canciller mexicano ofreciendo asilo, la declaración de la escolta de Castillo.
El juez indicó que existen elementos de convicción que sustentan que Pedro Castillo buscaba modificar el régimen constitucional e intervenir el sistema de justicia y otros estamentos.
Según estimó la fiscalía en su requerimiento de prisión preventiva, el vacado Pedro Castillo sería condenado a diez años de cárcel como mínimo. Considera que el procesamiento será bajo “concurso real”, en su calidad de coautor del presunto delito de rebelión –alternativamente conspiración– y como presunto autor de abuso de autoridad y delito grave de perturbación de la tranquilidad pública.
Respecto a los graves y fundados elementos, el Ministerio Público ha presentado diversas declaraciones que ubican a Castillo y otros exministros como Betssy Chávez y Willy Huerta en el momento anterior y posterior al mensaje a la nación mediante el cual se ordenó el cierre ilegal del Congreso y la intervención de los órganos autónomos y el sistema de justicia. /ElComercio/
