La alcaldía cruceña anunció hace pocos días que se adjudicó a dos empresas el servicio de aseo urbano y de entierro sanitario en la ciudad, por los próximos 8 años. Sin embargo, el proceso fue cuestionado por concejales de oposición, que observaron que volvió a ganar la misma empresa a la que le anularon la anterior adjudicación por irregularidades.
La Asociación Accidental Santa Cruz 2022 se adjudicó los dos contratos de aseo para la capital cruceña por un monto total de 324,89 millones por los próximos ocho años. Mientras que la Asociación Accidental Valoris consiguió el de servicio de tratamiento de residuos sólidos. Los nuevos operadores tienen 180 días para alistar su maquinaria. En los siguientes ocho años, el monto que pagará la ciudad asciende a $us 324.895.891.
Los concejales mencionaron también que la licitación se realizó de manera sigilosa, entre el final del Carnaval y el día del paro, y sin la publicidad debida, como en otras obras que la municipalidad realiza. Solicitarán la presentación del contrato al pleno del Legislativo para su revisión antes de la firma.
“Se anuló una licitación porque no presentaron una boleta de garantía y ahora se hizo una nueva licitación y volvió a ganar la misma empresa. El cronograma establecía que hasta el 9 de marzo se debía adjudicar y lo hacen el 3, justo entre el final del Carnaval y el paro cívico, cuando todo el mundo está mirando para otro lado, como haciéndolo entre gallos y medianoche, no convocan a la prensa, no avisan a nadie y resulta que adjudicaron el contrato del municipio más grande del país”, fustigó Manuel Saavedra, concejal de Demócratas.
Se trata de un contrato por 324 millones de dólares que se pagará a la Asociación Accidental Santa Cruz 2022, para recoger la basura, y a la Asociación Accidental Valoris SA, para enterrar los residuos en el vertedero municipal. Los nuevos operadores deberán firmar sus contratos a media- dos de abril.
Al respecto, el concejal por Comunidad Autonómica (C-A), Juan Carlos Medrano, indicó que aún cuentan con un plazo de 10 días para revisar el contrato e impugnarlo, en caso de encontrar irregularidades. Entre las observaciones que halló en el proceso de licitación, está la puntuación asignada a ciertos ítems como ser recojo de basura, poda y limpieza de basureros, entre otros, hechos de una manera distinta a la que regularmente se emplea, por lo que pedirán al Ejecutivo un informe.
“No vamos a permitir que este contrato millonario sea manipulado y direccionado hacia una empresa, que estaría dando el servicio más caro del país. Tenemos que ver qué pasó con las otras empresas, si vemos que hubo una manipulación en la puntuación o en el manejo de la información lo vamos hacer público y van a tener que anular nuevamente esta adjudicación”, remarcó Medrano, al agregar que tampoco se permitirá un incremento al servicio, como ocurrió en La Paz.
El proceso para estos servicios nació en medio de la polémica, ya que en la primera licitación ganada por las asociaciones accidentales Santa Cruz 2021 y Santa Cruz ecológica, no contemplaban las boletas de garantías por el servicio, disposición que está establecida en las leyes. Ante las observaciones, el alcalde anuló el proceso y prometió mayor transparencia para uno nuevo. Con relación al nuevo contrato, Johnny Fernández dijo que gracias al mismo la ciudad se ahorrará Bs 10 millones mensuales, defendiendo la transparencia del proceso.
En la Alcaldía informaron que hasta abril continuará operando Vega Solví y que desde ese mes hasta octubre, operará Emacruz provisionalmente, ya que la empresa adjudicada recién estará en capacidad de operar, antes de fin de año.
EL ALCALDE CELEBRA. Johnny Fernández celebró la adjudicación, señalando que la ciuad se ahorrará Bs 10 millones por mes, puesto que, con el anterior contrato, la Alcaldía paga Bs 35 millones por el recojo y el entierro sanitario de la basura. De igual manera destacó que se ampliará la cobertura en 40% más de barrios.
Respecto a las boletas de garantías, que en el anterior contrato se hallaron irregularidades, Fernández precisó que es $us 22 millones por el servicio de recojo de basura en los sectores A y B y, de $us 3 millones, en el servicio de disposición final de los desechos. Este monto puede usarse si las empresas incumplen la prestación de sus servicios.
