El gobernador suplente de Santa Cruz, Mario Aguilera, ya ordenó ejecutar auditorías especiales, tras conocer una auditoría de confiabilidad a la gestión 2023 de Fernando Camacho que detectó 40 observaciones.
En la presentación del informe señaló al menos cuatro irregularidades puntuales que van desde pagos por obras no hechas, pago de salarios sin haber marcado asistencia y hasta compras de bienes y servicios sin registro.
Calificó de preocupante el destino del 53,51% del presupuesto, equivalente a Bs 1.174.370.803, a la contratación y pago de recursos humanos.
“Este primer informe, lamentablemente, confirma que son necesarios procesos de auditoría especial. No podemos permitirnos mal utilizar los escasos recursos que tenemos, lo necesitamos para atender las crecientes necesidades de nuestro pueblo, aún más en esta coyuntura de crisis financiera nacional y también departamental”, explicó en la presentación del informe.
Tras asumir como gobernador en suplencia de Camacho, recluido en Chonchocoro desde diciembre de 2022 por la crisis social e 2019, Aguilera anunció el inicio de una auditoría para conocer el estado de situación de la administración departamental.
Este proceso de auditorías es el inicio de un diagnóstico de la situación en la que se encuentra nuestro Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
Sin entrar en muchos detalles, el gobernador refirió cuatro casos puntuales de hechos irregulares detectados en la administración departamental de Camacho.
- Se han pagado avances de obras parcial sin que ésta haya tenido el avance físico demandado, entregando recursos de los cruceños por obras que a la fecha no se han construido.
Sin precisar el nombre de la carretera, indicó que se canceló Bs 5 millones, “siendo que por avance no correspondía”, por lo que se “realizarán análisis profundos de esta situación sobre todo enmarcado en el marco contractual, actuando con responsabilidad con los recursos públicos”.
- Definió como “preocupante” el tema de los recursos humanos de la Gobernación de Santa Cruz.
Explicó que “lamentablemente se ha contratado personal sin la experiencia necesaria para el cargo, es decir, se ha encontrado personal sin cumplir las normas. (…). Además, debemos señalar que la anterior dirección no ha entregado la información para auditar el control y asistencia del personal”.
Pese a ello, en esta auditoría se identificó “faltas de marcado de servidores públicos, que no tienen ni permiso, ni licencia, ni formulario de vacación procesado, ni ningún documento que justifique su falta; sin embargo, no se penalizaron las ausencias y se pagaron jornales enteros”.
Consideró que este hecho es “preocupante”, considerando que, del total del presupuesto de la administración departamental, el 53,51%, un total de Bs 1.174.370.803, es destinado a recursos humanos.
- La adquisición de activos y servicios, donde se identificaron compras que no tienen registro en el acta de recepción, y otros que no están anotados en el Sistema de Gestión Publicas (SIGEP).
“Sola una muestra de algunos procesos de auditoría reveló que existía una deuda de 2,3 millones de bolivianos, esto nos obliga a preguntarnos ¿qué hallazgos se pueden obtener si se amplía la auditoría a más adquisiciones y contratos del Gobierno departamental de Santa Cruz?”, remarcó.
- La adquisición de bienes para los hospitales de tercer nivel que no cumplieron los procesos establecidos, y la falta de mantenimiento oportuno en equipos médicos que a la fecha tienen un retraso de 200 días.
Por estos y otras anormalidades, ordenó a Auditoría General comenzar y planificar el proceso de auditorías especiales, comenzado por los recursos humanos, y también iniciar los informes de responsabilidades que correspondan e iniciar los procesos administrativos, civiles y, si corresponden, penales no solo para sancionar a los responsables, sino con el fin de recuperar los recursos departamentales.
También solicitó a la Unidad de Trasparencia y Anticorrupción iniciar las investigaciones a fin de obtener la información para los procesos internos y externos que correspondan, según el informe de confiabilidad.
