Por: Gina Mendía Gandarilla, periodista
Por segundo año consecutivo, el fuego cautiva de forma colérica a la naturaleza de esta región. El subgobernador de San Ignacio de Velasco, Juan Carlos Toledo considera conveniente recurrir a organismos que puedan ayudar a combatir el flagelo que diezmará el desarrollo de la economía.
La sequía y el incremento de los incendios forestales y de pastizales originó que el municipio fuera declarado como zona de desastre.
Tomando en cuenta la gravedad de la potente ruina, difícil de controlar, la presidente Jeanine Añez anunció en San Ignacio la derogación del Decreto Supremo 3973, que autoriza quemas y desmontes con fines agropecuarios en Santa Cruz y Beni, promulgado en julio de 2019 por el expresidente Evo Morales.
La anulación de la norma jurídica no será suficiente para evitar los incendios forestales en el oriente boliviano, ya que existen al menos nueve reglas que dan luz verde al chaqueo y quemas que deberían quedar sin efecto.
San Ignacio registra el mayor número de focos de quema, afectando los bosques forestales y de pastizales, las haciendas ganaderas y extensas áreas agrícolas. La ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinckert,
aseguró que los incendios han devorado – al momento-, un total setecientas mil hectáreas.
Hace más de seis meses que no llueve en San Ignacio, por cuanto, el 80% de los atajados se encuentra sin agua y las siembras agrícolas de invierno han sido afectadas. San Ignacio representa el nuevo polo de desarrollo de soya con dieciocho mil hectáreas cultivadas y otras miles de frejol.
Ante el desasosiego de autoridades y habitantes, la represa Guapomó, -de donde se abastece la población urbana-, va por la ruta de la agonía. La ausencia de lluvias no permiten su restitución para contar con una fuente que asegure el suministro de agua cristalina.
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) conformó acciones a nivel interinstitucional para apagar los incendios en Piso Firme, el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y otros lugares; sin embargo, una lluvia de cuatro horas consecutivas logró ayer erradicar el siniestro.
Bomberos procedentes de todo el país arribaron a la capital velasquina para extinguir el fuego en Campamento y en otras miles de hectáreas. Unos 250 soldados del RI I. Warnes, brigadas de la Gobernación y del Gobierno Municipal de SIV emprendieron la enérgica misión de salvar los bosques chiquitanos.
En el hito fronterizo con Brasil, (que vincula con la ciudad de San Simón), las comunidades San Joaquín, San Ignacito de Coyú, San Antonio de Purubi y numerosas haciendas ganaderas como Totora, Los Ángeles, Carandá, Palmarito, Refugio y Guapacito quedaron desbastadas ante la mirada tétrica de los propietarios.
Los caciques de dichas comunidades, al ver la inminente desvastación llegaron a San Ignacio para alertar y pedir ayuda, en lo posible, para salvar las vidas de los pobladores.
El voraz incendio se propagó en plena oscuridad nocturna del sábado pasado. Las aves lanzaban gritos lastimeros, a la par de los animales silvestres y en extinción que corrían despavoridos al presagiar el umbral de la muerte.
El fuego destruyó corrales, casas, pastizales cultivados y las cuantiosas inversiones de alambrado en los predios rurales de referencia.
Las haciendas fueron tenazmente afectadas porque mientras el fuego quemaba todo a su paso, el ganado, azorado corría para no ser atrapado por las llamas candentes. Amenazados por la adversidad, los administradores no lograron comunicarse con la gente del pueblo, pues el implacable viento había obstruido la única señal de telefonía de Entel.
San Ignacio ocupa el primer lugar de la producción ganadera de Santa Cruz, con seiscientos mil bovinos, de un total de dos millones en la Chiquitanía. Los productores elevaron un proyecto al Gobierno para incerementar en tres años un 15% el hato ganadero.
El alcalde Fanor Salces alertó sobre la importancia de contar con recursos económicos, humanos y logísticos para hacer frente al desastre.
Analizando la magnitud de los incendios, el desafio apunta a claudicar los focos de calor.
Como resultado de la pérdida del área boscosa y el impacto de la sequía, el Gobierno está obligado a diseñar acciones a fin de que, a mediano y largo plazo, garantice el sistema de subsistencia de una esplendorosa Chiquitanía.
