Durante las semanas de plena etapa contagiosa y mortal del coronavirus, surge la demanda de convocatoria a elecciones nacionales. A casi dos meses desde la activación de la emergencia sanitaria (cuarentena) en Bolivia, los dos factores (pandemia y comicios) son las dos grandes batallas desplegadas que afronta la gestión de Jeanine Áñez.
El antídoto recetado y la principal barrera de contención es la cuarentena total, vigente desde el 22 de marzo y que debía concluir el 15 de abril, pero debido al continuo ascenso de los casos positivos del coronavirus COVID-19, la medida fue ampliada inicialmente hasta el 30 de abril y ahora la medida permanecerá hasta el 10 de mayo.
Según el Ministerio de Salud, hasta ayer miércoles 29 de abril, subió a 1.110 la cifra total de positivos en territorio boliviano. Reportó que existen casos en 50 municipios de 339 del país, es decir que 289 aún están libres de la enfermedad. Del total de 1.110 infectados, 615 son de Santa Cruz, La Paz tiene 202, Cochabamba 80, Oruro 102, Potosí 26, Pando 12, Tarija 3, Chuquisaca 3, y Beni 67. Por otra parte, son 111 pacientes recuperados a nivel nacional y 59 fallecidos.
Previamente se había dispuesto la semi-cuarentena que incluía una serie de medidas restrictivas de circulación de personas, ajustes de horarios laborales, suspensión de clases a nivel escolar y universitario, recorte y re definición de horarios de trabajo, restricciones en reuniones y concentraciones, entre otras medidas determinadas a nivel del Estado central y también de los gobiernos autónomos de nivel departamental y municipales, como en Santa Cruz de la Sierra vía decretos. Oruro se convirtió en la primera ciudad de Bolivia en asumir medidas de restricción de circulación y toque de queda.
Después se pasó a los cierres controlados o fase de encapsulamientos totales, como en Montero, el municipio que cobró más vidas en el país que desde el jueves 9 de abril, fue encapsulado por militares y policías que realizan controles rigurosos para que la población cumpla con la determinación y los ciudadanos se abastezcan con todos los protocolos de bioseguridad, como mantener distancia física y evitar aglomeraciones. Luego aplicó La Guardia, Portachuelo, Warnes, Mairana y en otros municipios de Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí.
En Santa Cruz de la Sierra inició la militarización y cierre total desde las 0:00 horas del martes 14 de abril dando cumplimiento a la Ley de desastre municipal ante el aumento de casos, prohibiendo la circulación vehicular pública y privada y el control respectivo permitiendo el funcionamiento de todo el sistema de salud público y privado.
Salvavidas a bolsillos, empresas y empleos
Para frenar la crisis económica, el Gobierno ofrece el pago de la Canasta Familiar de Bs 400 para personas con discapacidad grave y muy grave y adultos mayores que no reciben ninguna jubilación; y a las madres beneficiarias del bono Juana Azurduy de Padilla.
Presenta el Bono Universal de Bs 500 para personas mayores de 18 años que no estén trabajando y que tampoco reciben ninguna renta del Estado, ni salario público ni privado, que beneficiará a alrededor de 4 millones de bolivianos de 18 años cumplidos y menores de 60, que se cobrará a partir del 5 de mayo.
También el Bono Familia de Bs 500 para las familias que tienen hijos en prekinder, kinder, primaria y en secundaria del nivel público; ampliado a las familias con hijos en colegios privados y a los estudiantes de los centros de educación alternativa y especial.
El ministro de Economía, José Luis Parada, informó que, en 16 días hábiles, se efectivizaron 3.226.277 pagos de la Canasta Familiar y del Bono Familia en todo el país, lo que significa que más de un 30% de la población boliviana ya recibió uno de los beneficios. Esa cantidad de pagos, de ambos bonos, representó para el Estado boliviano una erogación de recursos de al menos 1.800 millones de bolivianos.
El Gobierno también anunció dos planes distintos para salvar el empleo en el país. El primero es otorgar préstamos blandos y fáciles a las empresas para ayudarles a pagar los salarios de dos meses. Este plan consiste en dar préstamos en condiciones muy favorables a las empresas que así lo pidan en todo el país, para utilizarlo en el pago de sueldos o salarios, para que las empresas no despidan a sus trabajadores por falta de dinero o liquidez en estos meses de cuarentena. Las empresas podrán acceder al préstamo por el valor de dos sueldos mínimos por cada trabajador y por cada mes, “Pueden sacar en dos meses Bs 8.488 por cada empleado que tengan, la idea es que ese dinero ayude a pagar los sueldos en estos meses tan difíciles para las empresas en todo el país y los préstamos son a 18 meses de plazo, los primeros seis meses no se paga ni capital ni interés” recalcó la presidenta Jeanine Áñez.
Según el Gobierno, para acceder a este plan, la condición es mostrar la planilla que la empresa tiene con todos sus trabajadores y solicitar el crédito al banco para pagar los salarios de sus empleados.
El segundo es el Plan Empleo para que las micro, pequeñas y medianas empresas salgan adelante en los sectores de servicios producción y comercio. El plan tiene tres bases: uno, se dispone un fondo inicial de 1.500 millones de bolivianos para dar créditos de funcionamiento y operaciones a las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir créditos para que las empresas sigan funcionando y generando trabajo; dos, los créditos serán a 5 años plazo y se establece que el primer año es de gracia, y tres, pueden acceder a este crédito los más de 720 mil micro, pequeños y medianos empresarios que existen en Bolivia.
Posiciones institucionales
Un pronunciamiento de la Federación de Profesionales de Santa Cruz sostuvo el “imperativo” de reactivar gradualmente la economía y retornar ordenadamente a la actividad productiva. “Caso contrario, estaremos presenciando la muerte de miles de pequeñas y medianas empresas, así como de profesionales cuentapropistas de toda Bolivia, derivando, inclusive, en mayores niveles de pobreza y recesión más prolongada”, dice.
El privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), a través de su gerente general Gary Rodríguez, remarca que Bolivia está en medio de una tormenta perfecta con la caída de bolsas de valores y de productos, con un precio del petróleo deprimido al igual que los precios de los minerales, y con un comercio internacional que no está de ninguna forma normal. Lo principal, dice Rodríguez, es la cuarentena que ha inmovilizado a la economía, y si bien son valorables los esfuerzos del Gobierno para que la demanda interna agregada no disminuya tanto, también tenemos problemas desde el sector externo”. Con relación a la prolongación de la cuarentena hasta el 10 de mayo, la flexibilización en departamentos y ciudades entrando en otra categorizada y “dinámica”, sostuvo que “no era lo que se esperaba” mencionando la preocupación del empresariado por la quiebra de las unidades productivas y la pérdida de miles de empleos. “Pareciera que no se ha atendido el pedido de la sectorialización de la economía”, observa.
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Reinaldo Díaz, demandó coordinación entre los gobiernos perjudicando al sector agropecuario.
“Los productores agropecuarios de Santa Cruz alertamos que la implementación de medidas y restricciones de orden regionales y locales al margen de la bioseguridad y de las normas nacionales, ya empezaron a romper la cadena productiva y ponen en peligro el abastecimiento de algunos alimentos fundamentales para los siguientes meses”, afirma. Díaz acentuó en los efectos negativos de medidas desproporcionadas que ya empiezan a perjudicar a ciudadanos “que deben pagar precios elevados para conseguir alimentos cuando los productores estamos entregando a precios muy bajos, habiéndose incluso desperdiciado productos”.
En un artículo titulado “Covid-19 y la economía: mal para algunos, peor para otros”, Oxford Economics realiza un ranking de los países que serán más afectados por el impacto del coronavirus. Bolivia es la primera en la lista. La pandemia del Covid-19 golpeará gravemente a todas las economías de los países en desarrollo. Limitaciones en el sistema de salud, la presión fiscal y la estructura económica hacen que los mercados emergentes sean más vulnerables a los grandes choques externos. Nuestro sistema de puntuación clasifica los mercados emergentes y predice que las regiones de América Latina y África serán las más afectadas”, se explica en el texto firmado por Guillermo Tolosa, Maria Ines Mailhos y Gabriel Sterne.
Bolivia, Costa Rica, Nigeria, Perú, Sudáfrica y Egipto presentan una puntuación particularmente mala en estos contextos, al tener además, una mayor dependencia de la exportación de materias primas. “Los países europeos parecen menos vulnerables en general, pero aún parecen débiles en algunos aspectos clave: tienen una gran población muy grande de ancianos y es probable que la participación laboral de las mujeres se vea amenazada por las demandas adicionales de cuidado de los niños”, dice el informe.
Frente de elecciones
El Movimiento Al Socialismo acelera la ley para que sea el 3 de agosto, con tres meses de campaña. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, afirmó que al MAS ha demostrado que no le interesa la salud ni la independencia de poderes, luego que la Cámara de Diputados, controlada por ese partido, aprobó ayer el proyecto de ley que adelanta la fecha para las elecciones generales. Cuestionó que ese partido vulnere la tuición que tiene el Órgano Electoral para definir la fecha específica del proceso.
La Cámara de Diputados aprobó, con 70 votos, una propuesta del MAS para que el proceso se realice en un plazo de 90 días, es decir en julio, frente a los 40 votos que respaldaron el proyecto de ley del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que los comicios sean entre el 28 de junio y el 27 de septiembre. Núñez afirmó que mientras todo el país está preocupado por la evolución de la pandemia y por cuidar la vida de la población, al MAS solo le importan las elecciones. MAS argumenta de que se necesita un Gobierno legítimo que reemplace al actual, al cual critican por su gestión frente a la pandemia.
El presidente del TSE, Salvador Romero, afirmó que la propuesta aprobada en Diputados, reduce la posibilidad para definir una fecha específica, en función a criterios técnicos, logísticos y científicos, respecto a la evolución del coronavirus.
