La disposición adicional séptima del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 tiene el fin de garantizar al país la disponibilidad y abastecimiento de alimentos con acciones de control, fiscalización y confiscación y/o comiso a comercializadores que almacenen o retengan productos para encarecer precios que generan especulación.
“Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”, se lee en el documento.
En tanto, el segundo apartado establece que “todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales debe declarar información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad, conforme a la reglamentación aprobada”.
Dicha reglamentación deberá ser aprobada por Resolución Biministerial, emitida por los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
El domingo, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, explicó que, según el Proyecto de Ley del PGE 2025, todos los niveles de gobierno del Estado actuarán en los operativos de control, con el fin de acabar con el agio y la especulación de precios de los productos de la canasta familiar.
Con dicha disposición todos los niveles de gobierno del Estado contarán con el respaldo legal para realizar los operativos de control y los productos que sean decomisados serán comercializados a precio justo.
La autoridad señaló que quiénes están especulando con los precios, como por ejemplo del arroz, son los intermediarios que compran en grandes cantidades de los pequeños productores, lo almacenan en más de 120 galpones en Montero (Santa Cruz), y solo lo sacan a vender cuando su precio se incrementa.
“Están viendo cuánto está el precio en Brasil, cuánto está el precio en Argentina, cuánto está el precio en Perú y, con base en esas referencias, sacan el producto. Eso es agio, eso es especulación y, por supuesto, eso no podemos permitirlo y si es que no tenemos un respaldo legal, porque tampoco se trata de vulnerar los derechos que, actualmente bajo el diseño institucional que tenemos, sería una afectación a estos sectores”, recalcó.
