Se promulgó un decreto supremo para regular la operación y funcionamiento de las empresas encargadas de prestar servicios financieros “tecnológicos innovadores”, en referencia a los activos virtuales y monedas digitales.
“El decreto reglamenta la constitución y funcionamiento de las empresas especializadas en la prestación de servicios de innovación tecnológica en el ámbito de servicios financieros, mercado de valores”, informó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
La autoridad explicó que, en estos tiempos, los proveedores de criptoactivos en el país son cada vez más, pero éstos operan fuera de un marco legal o normativo, lo que, a la larga, representa un riesgo para la población.
Por ejemplo, en caso de una falla técnica de la plataforma, los usuarios bolivianos no tienen en el territorio nacional un lugar en el que puedan realizar su reclamo o queja.
De acuerdo con Montenegro, en el decreto promulgado este miércoles se establece una definición y clasificación clara de los criptoactivos, entre los cuales están los activos virtuales, los tokens, blockchain y otros. Todos ellos son representaciones digitales, no físicas, de alguna moneda, generalmente el dólar.
El ministro detalló que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) deberá emitir el reglamento correspondiente para el decreto en los próximos 40 días.
Según Montenegro, en el país hay aproximadamente 44 empresas que proveen activos virtuales: 26 se encuentran en Santa Cruz, 10 en Cochabamba y en La Paz hay ocho.
“Esas empresas tienen que entrar en una regulación de tal manera que todos sientan que están protegidos por una legislación que permite que esto funcione de manera correcta”, sostuvo.
En criterio del ministro, Bolivia se acerca cada vez más a la era de las “fintech”, la aplicación de tecnologías innovadoras para mejorar los servicios financieros, como pagos digitales, asesoramiento financiero en línea, para lo cual debe tener un marco normativo claro.
“Las empresas que se encuentren prestando servicios con innovación tecnológica deben adecuarse a estas disposiciones de este decreto supremo”, añadió.
En ese sentido, tanto las empresas públicas y privadas, podrán sumarse a la provisión de activos virtuales en un contexto “moderno y regulado”. /LaRazón/
