Si el próximo gobierno frena los proyectos exploratorios de hidrocarburos y de industrialización en curso, con la entrega a manos privadas, como parte de la privatización que anuncian candidatos de la derecha, habrá problemas en la provisión de gas, advirtió el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.
“Si ellos (próximo gobierno) decide dárselo a todas las transnacionales y que ellos se pongan a hacer todos los trabajos, como ha sido en el pasado, que nos ha llevado a esta situación de que solamente las transnacionales exploraban en el país (…), entonces ahí, probablemente, el 2028 pueda haber problemas”, perfiló en Bolivia Tv.
Aunque aclaró que los problemas en la provisión de gas, probablemente, se den el 2030 o 2031 siempre y cuando no se continúe la política de exploración e industrialización con la producción de biodiesel.
Justamente uno de los resultados de la política hudrocarburífera es el descubrimiento del megacampo Mayaya X1 en el norte del departamento de La Paz. Tiene un potencial de 1 Trillón de Pies Cúbicos de gas (TCF) y hasta 6 TCF en estructuras aledañas, que la hacen un megacampo que puede empezar a producir en 2027 iniciales 50 millones de pies cúbicos día de gas.
Paralelamente encamina la producción de biodiésel en la planta de Santa Cruz y próximamente en la de El Alto que, junto al a planta HVO, que producirá diésel renovable a partir de aceites y grasas vegetales reciclados, permitirá producir el 80% de carburantes que demanda Bolivia.
“Si el próximo gobierno decide que no, que YPFB ya no explore, que YPFB ya no invierta, bueno, ahí va a haber un choque con lo que se está haciendo actualmente y ahí sí puede haber una crisis energética”, advirtió Dorghaten en respuesta a un estudio de la Fundación Jubileo.
Según el analista de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, el país tendrá que empezar a importar parcialmente gas natural en dos años.
Candidatos de oposición, como Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa, coinciden en achicar el Estado y entregar a manos privadas las empresas estatales, como parte de sus medidas de shock económico. /ABI/
