El coordinador del Comité Impulsor de Justicia, Aldo Michel, denunció este martes que la insistencia en trasladar al exlíder cívico cruceño Fernando Camacho desde La Paz hasta Santa Cruz responde a una estrategia orientada a obstaculizar el avance del proceso principal en su contra, conocido como “Golpe de Estado I”.
“Esta es una acción que viene gestándose desde 2024, con la clara intención de entorpecer el proceso principal radicado en La Paz”, sostuvo Michel en entrevista con Bolivia TV.
El jurista explicó que los abogados de Camacho insisten en su traslado a Santa Cruz para asistir a una audiencia del caso denominado “Decretazo”, un proceso de menor relevancia vinculado al presunto incumplimiento de deberes y funciones. En su criterio, este movimiento busca desviar la atención del juicio por el “Golpe de Estado I”, que contempla delitos de mayor gravedad y por el cual Camacho cumple detención preventiva.
“Los abogados han presionado y posicionado esta intención de trasladar al señor Camacho a Santa Cruz, bajo el argumento de atender una audiencia menor. Es una maniobra jurídica claramente orientada a dilatar el caso principal”, advirtió.
Michel también cuestionó la reciente acción de libertad presentada por la defensa del exgobernador ante un juez en Santa Cruz, calificándola como “improcedente” y parte de una estrategia para eludir la justicia paceña.
“Se trata de una acción con fines obstruccionistas y con posible intención de fuga. Un juez de Santa Cruz, por quinta vez, ha solicitado el traslado, y en ese marco se presentó una acción de libertad que no tiene sustento jurídico, pues fue interpuesta en un distrito que no corresponde”, señaló.
El abogado expresó además su preocupación por las condiciones de seguridad en Santa Cruz y alertó sobre una supuesta intención de que Camacho no retorne a La Paz, lo que –dijo– podría generar un escenario de convulsión política.
“Tenemos información de que Fernando Camacho estaría planificando no regresar a La Paz, aprovechando el contexto electoral y buscando generar desestabilización para desacreditar la labor de la justicia”, afirmó.
Finalmente, criticó la actuación de algunos operadores judiciales, a quienes calificó de “benevolentes” por dar curso a este tipo de solicitudes, que –según dijo– debilitan el avance de la justicia en casos de alta relevancia nacional.
