La Sociedad de Ingenieros de Bolivia filial Santa Cruz (SIB-SC) advirtió este viernes que el actual sistema de reajuste de precios implementado por el Gobierno representa un grave riesgo para la continuidad de las obras públicas y podría llevar a la quiebra a numerosas empresas constructoras, particularmente aquellas que mantienen contratos con el Estado.
Luis Alberto Soliz, asesor técnico de la entidad, recordó que en el pasado se aplicaron normas como el Decreto Supremo 18948 de 1982, que permitían un reajuste integral y equitativo del costo total de los proyectos. Como antecedente, citó la experiencia del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, que en 2008 implementó una ordenanza que habilitó la actualización contractual de los valores de las obras.
“Hoy, lamentablemente, el escenario es diferente. El Decreto Supremo 5321 contempla únicamente el reajuste de ciertos materiales importados, pero excluye componentes fundamentales como la mano de obra, el uso de equipos, los impuestos (IT e IVA), los gastos generales y las utilidades. Esta omisión genera una profunda distorsión y una carga financiera insostenible para los contratistas”, explicó Soliz en conferencia de prensa.
Desde el ámbito jurídico, Jorge Amas advirtió que este mecanismo parcial de reajuste obliga a los contratistas a financiar con recursos propios una parte sustancial de los proyectos. “Esto constituye, en la práctica, una forma de expropiación encubierta. Se vulnera el principio del equilibrio económico contractual y se transfiere el riesgo financiero del Estado al sector privado sin ningún tipo de compensación”, afirmó.
Para ejemplificar la magnitud del problema, Soliz explicó que si un ítem de obra contempla materiales importados con un incremento del 30% en su costo, pero los gastos asociados —como la mano de obra y los beneficios sociales— también han subido y no son ajustados, el contratista debe asumir toda la diferencia. “Esto no es un reajuste real, es una transferencia directa de pérdidas”, remarcó.
Frente a esta situación, la SIB-SC hizo un llamado de alerta a las autoridades nacionales y subnacionales, advirtiendo sobre las consecuencias inmediatas de mantener vigente una normativa que no protege ni al contrato ni al contratista. Según la entidad, muchas obras corren el riesgo de quedar paralizadas, y numerosas empresas constructoras —especialmente pequeñas y medianas— se encuentran al borde del colapso financiero.
Además, señalaron que la confianza empresarial está severamente afectada, al punto que muchas firmas optan por no presentarse a nuevas licitaciones, debido a la falta de cláusulas que garanticen un reajuste contractual adecuado.
Impacto en otros sectores
Otra consecuencia crítica señalada es la exclusión del reajuste para otras modalidades de contratación pública, como las consultorías y supervisiones, lo que agrava aún más el escenario.
Ante este panorama, la SIB-SC exhortó al Gobierno central y a las entidades contratantes a revisar de manera urgente el Decreto Supremo 5321, aprobado en enero de este año, con el fin de establecer un sistema de reajuste de precios integral, justo y sostenible, que garantice la viabilidad técnica, financiera y legal de los contratos públicos.
