Pese a una orden clara y con plazo perentorio emitida por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la Alcaldía cruceña condiciona la entrega de la documentación técnica del predio del mercado Mutualista a la familia Crapuzzi, aduciendo requisitos administrativos y legales adicionales.
Este lunes, en conferencia de prensa, autoridades municipales confirmaron que recibieron la notificación que les obliga a entregar, en un plazo de 48 horas, toda la información solicitada. Sin embargo, anunciaron que los documentos solo serán entregados “una vez que se cumplan todos los requisitos exigidos por la normativa vigente”, sugiriendo que podrían incumplir el plazo judicial.
📄 La resolución judicial es inequívoca: Freddy Boland Olmos (Bienes Patrimoniales), Andrés Rodas (Catastro) y Gabriel Vargas (Uso de Suelo) deben gestionar la cancelación de la matrícula computarizada del inmueble y entregar toda la documentación requerida sobre el bien registrado como “establecimiento de uso público, edificio mercado Mutualista”, según consta en el sistema SENAPE.
⚖️ El fallo judicial también advierte que, de no cumplir con lo dispuesto en el plazo de 48 horas, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público por posible desacato a la Sentencia Constitucional Plurinacional.
La respuesta evasiva de la Alcaldía, que en lugar de cumplir se ampara en procedimientos burocráticos, pone en entredicho su compromiso con el Estado de derecho y la independencia judicial. ¿Es legal que una entidad municipal condicione el cumplimiento de una sentencia constitucional? ¿O se trata de una estrategia dilatoria que busca proteger intereses políticos o económicos aún no explicados a la opinión pública?
En este caso, lo que está en juego no es solo un expediente, sino el respeto a la justicia y la transparencia en la administración de los bienes públicos.
