Después de 28 años de presentada la denuncia contra exfuncionarios del Fonvis y Bidesa, la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz condenó a ocho acusados por delitos de organización criminal, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes y estafa con víctimas múltiples.
El procurador General del Estado, Ricardo Condori, informó de la sentencia en el “Caso Banco BIDESA”.
“Después de 28 años se ha logrado una sentencia condenatoria, permitiendo reafirmar al pueblo boliviano nuestro incansable compromiso en la defensa de los intereses, la soberanía y el patrimonio del Estado”, afirmó.
Los sentenciados son Miguel Ángel Linares Mercado, con 4 años de cárcel; Javier Fernández Mostajo y Gallardo, con 4 años; Néstor Portocarrero Zambrana, 2 años; Freddy Andrade, 2 años; Gustavo Antelo, 4 años; Juan Félix Ronald Viruez Arce, 4 años; María Rene Valencia de Arce, 4 años; y Daniel Pérez Saucedo, 4 años.
Los ocho sentenciados fueron acusados por los delitos de organización criminal, establecido en el artículo 262 del Código Penal; uso de instrumento falsificado, según el artículo 203 de la misma norma; incumplimiento de deberes, estipulado en el artículo 154 y estafa con víctimas múltiples, en el artículo 335 del citado código.
“Estos delitos ocasionaron grave daño económico al Estado de aproximadamente $us 4.912.334,83, toda vez que en octubre de 1995, la Dirección General de Aduanas y el Banco Internacional de Desarrollo S.A. Bidesa suscribieron contrato de prestación de servicios, para el cobro de tributos aduaneros y accesorios, debiendo el Banco BIDESA, transferir dichos montos recaudados a las cuentas del Tesoro General de la Nación; sin embargo, hasta el 12 de diciembre de 1997 no efectuó la transferencia de las recaudaciones a cuentas fiscales, efectuando disposición ilícita de dichos recursos”, explicó.
Mientras el 14 de mayo de 1998, el exFonvis presentó la denuncia por la venta irregular de terrenos pertenecientes al Fonvis, mediante Escrituras Públicas 222/97 y 223/97 de 12 de diciembre de 1997, contra ex funcionarios de Fonvis y Bidesa.
Otras ocho personas fueron acusadas por los delitos de organización criminal y estafa; pero fueron declaradas en rebeldía. “Todos los condenados por el delito de estafa deben cancelar multas con costas y responsabilidad a las víctimas y al Estado”, afirmó. /ABI/
