El expresidente Luis Arce fue aprehendido este miércoles en el marco de la investigación del caso Fondo Indígena, confirmó la exministra de Presidencia, María Nela Prada.
Según la indagación, cuando Arce era ministro de Economía presuntamente autorizó desembolsos estatales a cuentas particulares, entre ellas la de la exdiputada Lidia Patty, actualmente detenida en el penal de Obrajes.
“Quiero denunciar a la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Luis Arce en Sopocachi, barrio de La Paz. Me estoy dirigiendo a la FELCC que es donde tenemos conocimiento se lo habrían llevado”, dijo la exministra mediante un video publicado en sus redes sociales.
Prada calificó la aprehensión de Arce como “un secuestro ilegal (sic)” y ocurrió cuando él estaba solo en camino a recoger a unos familiares.
La exministra dijo que desconoce el porqué fue aprehendido el expresidente y lamentó la actuación de la Policía Bolivia pues, en su criterio, Arce “siempre dio la cara y estuvo en el país”. “Es inocente, en el caso del Fondo Indígena me acuerdo porque yo ya trabajaba y se hizo una defensa con argumentos. No ha sido notificado, no tengo conocimiento si había una orden (de aprehensión”, explicó en puertas de la FELCC.
Fondo Indígena
Según Prada, Arce fue llevado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), donde llegó cerca de las 15.00 y declarará en oficinas de Corrupción Pública.
Los policías cerraron las dos puertas de ingreso a la FELCC para evitar la irrupción de personas particulares.
Hace unos días, durante su declaración informativa, la exdiputada Lidia Patty admitió que recibió dinero del Estado en cuentas particulares y aseguró que era para proyectos del Fondo Indígena. Además, explicó que se trató de una instrucción del entonces ministro de Economía, Luis Arce Catacora, en la gestión del expresidente Evo Morales (2006-2019).
Esa declaración había derivado en la aprehensión del expresidente.
El caso Fondo Indígena es uno de los mayores escándalos de corrupción en Bolivia que provocó un daño millonario al Estado con proyectos inconclusos o inexistentes. /La Razón/
