La Asociación de Surtidores y Comercializadores Privados de Combustibles (ASOSUR) se declaró en estado de emergencia y lanzó una alerta pública contra la Resolución Administrativa RAN-ANH-DJ-UGJN N° 0025/2025, emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), al considerar que la norma introduce restricciones que afectan la libre comercialización de diésel y generan incertidumbre operativa en el sector.
Mediante un comunicado institucional, ASOSUR exigió la revisión y abrogación de disposiciones que —a su juicio— evidencian falta de coherencia entre las políticas del Ejecutivo y la actuación de sus entidades reguladoras. “Nos declaramos en emergencia y exigimos que las políticas de gobierno tengan un hilo conductor coherente e integrado entre todas sus instituciones, abrogando las normas que limitan la libre comercialización”, señala el pronunciamiento.
La entidad cuestionó los nuevos requisitos para la venta de diésel a usuarios directos, entre ellos la declaración jurada previa, el registro obligatorio en una plataforma digital, la asignación de solo tres estaciones de servicio por usuario y el límite de 1.200 litros por carguío. ASOSUR advirtió que esta restricción contradice el Decreto Supremo N° 4910, que autoriza la comercialización de hasta 5.000 litros mensuales, generando —según el sector— una reducción efectiva del volumen permitido.
Asimismo, expresó preocupación porque la resolución no contempla el precio internacional, no define el tratamiento del crédito fiscal (70/30) ni aclara el procedimiento de aprobación de las ventas, aspectos clave para la operación y la planificación financiera de las estaciones de servicio. También rechazó la limitación del abastecimiento a solo tres surtidores, al sostener que no debería existir impedimento para que los usuarios se abastezcan en cualquier estación, y observó que la norma no establece la modalidad de venta en bidón.
ASOSUR advirtió que, de mantenerse la resolución sin ajustes, se profundizarán los problemas de abastecimiento y se afectará la cadena logística, con impacto directo en sectores productivos y de transporte. La asociación pidió a la ANH abrir un espacio técnico de revisión y alinear la normativa con el marco legal vigente, en resguardo de la seguridad jurídica y la continuidad del suministro.
