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jueves, septiembre 23, 2021
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Alcalde electo Jhonny Fernández declara en emergencia a la ciudad por la postergación del censo: “Bloquea el desarrollo de Santa Cruz”

La primera autoridad edil electa de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, rechaza la postergación del censo programado para 2021 anunciada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). “Debo manifestar mi rechazo a esta determinación que no hace más que bloquear el desarrollo de Santa Cruz y todo el país”, puntualiza en un comunicado a tiempo de declarar a la ciudad en emergencia y advierte con medidas y acciones necesarias para impedir que se siga postergando.

El director General Ejecutivo del INE, Humberto Arandia Claure, declaró inviable la realización del censo el 2022 y plantea postergarlo por tres años por la falta de condiciones técnicas, financieras y logísticas cumplidas a cabalidad.

Remarca que el no realizar el censo vulnera a las regiones el derecho a la representatividad democrática. “Sin un censo cercano a los últimos procesos electorales se vuelve invisible la manipulación dolosa del padrón electoral y distribución de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como en las asambleas departamentales”, reclama al recordar que hoy Santa Cruz tiene 700.000 habitantes más desde el censo de 2012, lo que hace urgente un nuevo levantamiento de información demográfica.

En su comunicado, Fernández también señala que los gobiernos autónomos han recibido las competencias de salud, educación, alimentación, empleo, vivienda y desarrollo productivo desde 1994 con la aplicación de la Ley de Participación Popular, obligaciones que deben ser cubierta con recursos de la coparticipación tributaria en base a los datos de población del censo. “Esto no se ha cumplido, tales recursos no han llegado en la misma proporción del crecimiento demográfico de cada municipio”, reclama.

Además, puntualiza que el pacto fiscal que debió concreto a seis meses de la vigencia del censo de 2012 ya tendría que haber asignado los fondos para cumplir con las competencias que transfirió la nueva Constitución a los gobiernos municipales. Considera que al no haberse democratizado el Presupuesto General impide brindar a la población mejor salud, educación, vivienda y seguridad ciudadana.

“Por si ello fuera poco, los recursos del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), que llegan a Santa Cruz en función a la población y el nivel de pobreza para pagar la renta dignidad y cubrir necesidades básicas, han sufrido un recorte del 12% que se destinó a la explotación y exploración de hidrocarburos, limitando aún más posibilidades de atender las necesidades de la población”, explica Fernández.

Por último, rechaza los argumentos de las supuestas limitaciones operativas del INE para realizar el censo, toda vez que hay experiencias, como en Paraguay, Guatemala y otros países, que demuestran que un censo puede organizarse y ejecutarse en menos de un año. “Bolivia ha organizado cuatro procesos electorales en el último par de años, con costos y logísticas parecidas en cuanto a organización técnica y movilización de recursos humanos”.

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