El más reciente informe de Fondo Monetario Internacional confirma una tendencia que ya se percibía en distintos indicadores internos: la economía boliviana ingresa en una fase de deterioro más profundo que el previsto inicialmente. La proyección de contracción para 2026, acompañada de una inflación superior al 20%, no solo posiciona al país como el de peor desempeño en Sudamérica, sino que también evidencia tensiones acumuladas en su modelo económico.
A diferencia del contexto regional —donde América Latina crecería en torno al 2,3%— Bolivia se desacopla del ciclo de recuperación. Esta divergencia no es coyuntural. Responde, en gran medida, a la pérdida de dinamismo de su principal motor histórico: el sector hidrocarburífero. La caída sostenida en la producción de gas natural ha reducido la capacidad de generación de divisas, debilitando tanto las cuentas fiscales como el equilibrio externo.
Paradójicamente, el mismo informe anticipa un paso de déficit a superávit en cuenta corriente. Sin embargo, este ajuste no necesariamente refleja una mejora estructural, sino más bien una contracción de la demanda interna, especialmente de importaciones. En otras palabras, el superávit podría ser más un síntoma de enfriamiento económico que un logro de competitividad.
La inflación proyectada —20,7%— introduce un segundo frente crítico. En una economía históricamente caracterizada por estabilidad de precios, este repunte erosiona el poder adquisitivo y presiona sobre los sectores más vulnerables. Además, complica la gestión macroeconómica: obliga a políticas más restrictivas en un contexto ya recesivo, limitando el margen de maniobra del Estado.
El mercado laboral refleja esta misma fragilidad. El aumento del desempleo, del 3,3% al 4,5%, aunque moderado en términos absolutos, sugiere un deterioro progresivo del tejido productivo. En economías con alta informalidad, estas variaciones suelen subestimar la magnitud real del problema, trasladando el ajuste hacia empleos precarios y menores ingresos.
Las proyecciones del Banco Mundial, incluso más pesimistas, refuerzan la idea de que Bolivia enfrenta una crisis de carácter estructural. No se trata únicamente de factores externos —como el encarecimiento de materias primas o la incertidumbre geopolítica— sino de limitaciones internas persistentes: dependencia de un solo sector, baja diversificación productiva y restricciones en el acceso a divisas.
Los análisis de economistas como Gonzalo Chávez y Fernando Romero coinciden en un punto central: la economía boliviana no solo ha perdido impulso, sino que enfrenta un proceso de desgaste de su capacidad productiva. La metáfora del “motor gasífero” que se apaga resume una realidad más amplia: la ausencia de nuevos sectores capaces de sustituir ese liderazgo.
En este contexto, el desafío para la política económica es doble. Por un lado, atender la coyuntura mediante medidas que estabilicen precios, protejan el empleo y aseguren liquidez en el sistema. Por otro, encarar reformas de fondo orientadas a diversificar la matriz productiva, atraer inversión y reconstruir la confianza.
La advertencia es clara: sin ajustes estructurales oportunos, la recesión podría prolongarse más allá de 2026 y profundizar sus efectos sociales. Bolivia se encuentra, así, en un punto de inflexión donde las decisiones económicas no solo definirán la salida de la crisis, sino también el rumbo de su modelo de desarrollo en la próxima década.
