La minería vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia económica del Gobierno de Rodrigo Paz. Después de un primer año marcado por el ordenamiento institucional y el diagnóstico de las dificultades productivas, el Ministerio de Minería y Metalurgia plantea una transformación del sector para convertirlo en una de las principales fuentes de crecimiento, empleo formal y generación de divisas.
La apuesta es ambiciosa. El ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca, anunció que el objetivo gubernamental es convertir a la minería en «el motor económico más importante del país», mediante la atracción de capitales, el incremento de la producción y el aprovechamiento de los recursos minerales.
«Una nueva Bolivia está naciendo y la minería está llamada a ser uno de sus cimientos», afirmó durante la presentación del informe del primer año de gestión.
Sin embargo, detrás de esta proyección existe una realidad que el propio Gobierno reconoce: el sector necesita recuperar capacidad productiva, modernizar sus instituciones, mejorar los controles y establecer reglas que permitan atraer inversiones sin comprometer el medioambiente ni los derechos de las comunidades.
La minería boliviana enfrenta así una doble tarea: aprovechar su potencial geológico y resolver las deficiencias que durante años limitaron su desarrollo.
La minería ya es una pieza decisiva del comercio exterior
Las cifras oficiales muestran que la apuesta gubernamental no parte de un sector marginal. Por el contrario, la minería se ha convertido en uno de los principales generadores de ingresos externos de Bolivia, en un momento en que los hidrocarburos atraviesan dificultades estructurales.
Según el Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP), con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones de minerales alcanzaron 6.804,9 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, frente a los 3.725,3 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Esto representa un crecimiento del 82,67% en valor. Data Bolivia+1
El peso de la minería en las exportaciones
Enero-septiembre 2025
$us 3.725,3 MM
Enero-septiembre 2026
$us 6.804,9 MM
Variación interanual
+82,67%
Fuente: SIIP, con información del INE. Valores de exportación, no de producción física.
El comportamiento confirma la creciente importancia de los minerales en la generación de divisas. Sin embargo, también obliga a distinguir entre el aumento del valor exportado y el crecimiento real de la producción.
El Banco Central de Bolivia, en su evaluación económica de 2025, reportó que las exportaciones mineras aumentaron un 25,6% en valor y un 6,7% en volumen. La diferencia se explica principalmente por el efecto de los precios internacionales. Banco Central de Bolivia
Este dato es importante porque demuestra que el desafío no consiste solamente en beneficiarse de las cotizaciones internacionales, sino en producir más, explorar nuevos yacimientos, incorporar tecnología y aumentar la capacidad de procesamiento dentro del país.
En otras palabras, Bolivia necesita convertir la coyuntura favorable de precios en una expansión productiva sostenible.
El problema de las empresas estatales
Uno de los principales obstáculos identificados por el Ministerio de Minería está en la situación de las empresas públicas. El ministro señaló que recibió una estructura productiva debilitada, con problemas operativos y financieros que afectan su capacidad de contribuir al desarrollo del sector.
Entre los casos mencionados está la Empresa Minera Colquiri, que, de acuerdo con el informe ministerial, fue recibida paralizada y con una pérdida histórica cercana a los 400 millones de bolivianos.
También se identificaron dificultades en las plantas de Vinto, Karachipampa y Capuratas, que enfrentaban paradas no programadas y necesidades de mantenimiento.
La situación plantea una interrogante económica: ¿cómo puede el Estado convertirse en un impulsor de la expansión minera si sus propias empresas necesitan recuperar capacidad operativa, eficiencia y sostenibilidad financiera?
El desafío pasa por revisar los modelos de administración, transparentar los costos de producción, mejorar la gestión empresarial y garantizar que las inversiones públicas se traduzcan en mayor producción y resultados económicos.
El problema de fondo no es únicamente cuánto mineral existe en el subsuelo, sino cuánto puede extraerse, procesarse y comercializarse de manera competitiva.
Minería ilegal: el otro frente que amenaza los ingresos del país
La transformación anunciada también enfrenta un problema que afecta directamente a la economía formal: la minería ilegal, el contrabando de oro y la intermediación ilícita.
Calderón de la Barca reconoció que el sector arrastra debilidades en fiscalización, robo de minerales y avasallamientos de áreas mineras.
Estas actividades representan un problema que va más allá del control administrativo. Cuando la explotación y comercialización de minerales se realizan fuera de los mecanismos legales, el Estado pierde capacidad de fiscalizar la producción, controlar el origen del mineral y garantizar una recaudación adecuada de regalías e impuestos.
En el caso del oro, la trazabilidad será fundamental para determinar quién produce, dónde se extrae, quién comercializa y cuál es el destino final de las exportaciones.
Por eso, el Gobierno plantea implementar mecanismos digitales de seguimiento, fortalecer los controles y crear un catastro minero en tiempo real.
La efectividad de estas medidas dependerá de que exista coordinación entre las instituciones responsables de otorgar derechos mineros, fiscalizar operaciones, controlar la comercialización y perseguir las actividades ilegales.
Un nuevo Código Minero para atraer capitales
Uno de los anuncios más importantes de la gestión es la elaboración de una propuesta de nuevo Código Minero.
La iniciativa pretende actualizar una normativa que debe responder a las nuevas condiciones del mercado internacional, ofrecer seguridad jurídica y establecer reglas más claras para los operadores.
El Gobierno considera que la legislación debe facilitar las inversiones, reducir la burocracia y establecer mecanismos de protección ambiental y respeto a las comunidades.
La seguridad jurídica constituye uno de los factores determinantes para atraer capitales. Los proyectos mineros requieren inversiones elevadas, estudios geológicos, infraestructura, tecnología y varios años antes de alcanzar una producción comercial.
Por tanto, ningún inversionista comprometerá recursos importantes si no tiene claridad sobre sus derechos, los procedimientos administrativos, las condiciones tributarias y la estabilidad de las reglas.
La reforma también tendrá que resolver las relaciones entre la minería estatal, privada y cooperativizada, sectores que tienen características productivas y económicas diferentes.
El reto será construir una normativa que incentive la inversión sin generar privilegios ni debilitar los controles públicos.
Seis áreas prioritarias y búsqueda de inversiones
En materia de promoción económica, el ministro informó que se presentó una cartera de seis áreas prioritarias para atraer inversiones.
La estrategia contempla ampliar la exploración, fortalecer la producción y promover la participación de capitales nacionales y extranjeros.
La apuesta es que la minería deje de depender exclusivamente de la explotación de yacimientos conocidos y avance hacia nuevos proyectos capaces de incrementar las reservas y diversificar la producción.
Bolivia dispone de importantes recursos minerales, pero el potencial geológico por sí solo no garantiza desarrollo. Se necesitan exploración, estudios de factibilidad, infraestructura, energía, transporte y condiciones competitivas para operar.
Además, la inversión debe generar encadenamientos económicos. Una operación minera puede dinamizar el transporte, la construcción, los servicios técnicos, la metalurgia, el comercio y otras actividades vinculadas.
La generación de empleo formal también dependerá de cuánto valor agregado se produzca dentro del territorio nacional.
¿Puede la minería reemplazar al gas como principal motor económico?
La pregunta adquiere importancia en un escenario en el que Bolivia necesita nuevas fuentes de divisas para sostener su economía, financiar importaciones y fortalecer sus reservas internacionales.
Los datos del Banco Central muestran el contraste entre ambos sectores: durante 2025, las exportaciones mineras crecieron un 25,6% en valor, mientras que las exportaciones de hidrocarburos registraron una caída del 34,1%, según la evaluación económica publicada por la entidad. Banco Central de Bolivia
Este comportamiento refuerza la importancia estratégica de la minería para la economía nacional. No obstante, convertirla en el principal motor económico exige superar la dependencia de la exportación de materias primas y avanzar hacia una industria con mayor procesamiento y transformación.
La experiencia de otros países mineros demuestra que el verdadero impacto económico no se mide solamente por el valor de los minerales exportados, sino también por la capacidad de generar tecnología, industria, empleo especializado y proveedores nacionales.
En ese sentido, Bolivia tiene pendiente fortalecer su capacidad de fundición y refinación, mejorar la recuperación de minerales y desarrollar una cadena productiva que permita retener una mayor proporción del valor generado.
Santa Cruz también tiene una oportunidad minera
Aunque históricamente la actividad minera boliviana estuvo concentrada en Potosí, Oruro y La Paz, la explotación de minerales también tiene presencia y perspectivas de expansión en otros departamentos, entre ellos Santa Cruz.
El anuario estadístico 2025 del Ministerio de Minería identifica una expansión de la actividad hacia departamentos como Cochabamba, Beni y Santa Cruz, especialmente por la explotación aurífera. Minería.gob.bo
Para Santa Cruz, esta posibilidad abre un debate sobre la diversificación de su matriz productiva y la necesidad de desarrollar actividades económicas complementarias a la agroindustria.
Sin embargo, cualquier expansión minera debe considerar la seguridad jurídica de la tierra, la protección de los recursos hídricos, el ordenamiento territorial y los impactos ambientales, particularmente en regiones sensibles de la Chiquitania y la Amazonía.
El desafío es evitar que una oportunidad de inversión se convierta en un nuevo foco de conflictos territoriales y degradación ambiental.
La prueba será convertir el potencial en resultados
El Gobierno ha planteado una visión de largo alcance: convertir la minería en el principal motor económico del país. Para ello, propone recuperar las empresas estatales, combatir la ilegalidad, modernizar la normativa, digitalizar los procedimientos y atraer inversiones.
Sin embargo, el éxito de esta estrategia no se medirá por los anuncios ni por el número de proyectos presentados, sino por resultados concretos.
Entre los indicadores que permitirán evaluar la transformación estarán el crecimiento de la producción física, el incremento de las exportaciones, la inversión ejecutada, la creación de empleos formales, la recaudación de regalías e impuestos y la reducción de la explotación ilegal.
También será fundamental conocer cuánto de la riqueza mineral permanece en Bolivia mediante procesos industriales y cuánto se pierde por falta de control, contrabando o exportación de materias primas sin valor agregado.
La minería tiene condiciones para convertirse en uno de los pilares de la recuperación económica boliviana. Pero para que esa riqueza se traduzca en desarrollo, el país necesita algo más que minerales: instituciones eficientes, reglas estables, inversión productiva, tecnología y una política de industrialización.
La apuesta está planteada. Ahora comienza la etapa más difícil: demostrar que la riqueza que existe bajo tierra puede convertirse en empleo, divisas, industria y bienestar para los bolivianos.
Fuentes documentales: Ministerio de Minería y Metalurgia, Anuario Estadístico 2025; Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP), datos del INE a septiembre de 2026; Banco Central de Bolivia, evaluación económica 2025.
