Por Guido Náyar Parada
Exministro de Gobierno
El último informe sobre la coca en Bolivia vuelve a poner sobre la mesa una realidad que el país ya no puede seguir esquivando: necesitamos discutir seriamente una nueva política antidroga y establecer, con absoluta claridad, la diferencia entre la coca legal, vinculada a una tradición milenaria, y la coca ilegal destinada al narcotráfico.
La coca forma parte de la historia de Bolivia desde mucho antes de la República. Su consumo tradicional viene de tiempos precolombinos, atravesó la Colonia y permaneció durante toda la vida independiente del país. Existe una coca destinada a la masticación tradicional y a determinados usos medicinales, y esa realidad cultural debe ser respetada.
Pero otra cosa muy distinta es la coca que se produce para alimentar al narcotráfico.
Ahí está el problema que debemos enfrentar sin ambigüedades.
Durante años se realizaron estudios para determinar la cantidad de coca necesaria para el consumo tradicional boliviano. Esos estudios establecieron que alrededor de 12.000 hectáreas eran suficientes para atender esa demanda. Todo lo que excede las necesidades reales del consumo tradicional debe ser sometido a controles rigurosos y a una política nacional que impida que la producción termine desviándose hacia la fabricación de cocaína.
La nueva ley que Bolivia necesita debe partir de esa diferenciación fundamental: coca legal y coca ilegal. No podemos seguir tratando ambas realidades como si fueran exactamente lo mismo.
El narcotráfico no es solamente un problema de coca
El problema tampoco termina en las hectáreas cultivadas. El narcotráfico ha construido durante las últimas décadas una estructura económica y criminal que atraviesa buena parte del territorio nacional.
El Chapare y los Yungas constituyen importantes zonas productoras de hoja de coca. A partir de esa materia prima se desarrolla una cadena de transformación que requiere grandes cantidades de precursores químicos.
Estos productos ingresan al país por distintas rutas y, posteriormente, alimentan una estructura destinada a la producción de pasta base y cocaína.
Bolivia se encuentra además ubicada en una posición geográfica estratégica para las organizaciones criminales internacionales. Parte de la droga producida o transportada por nuestro territorio tiene como destino Brasil, Argentina y otros mercados internacionales.
En los últimos años, las organizaciones criminales brasileñas han adquirido una presencia cada vez mayor en la región y Bolivia no puede ignorar esa realidad.
Por eso, cuando hablamos de narcotráfico, no estamos hablando solamente de campesinos productores de coca. Estamos hablando de una cadena criminal internacional, con financiamiento, logística, precursores químicos, transformación, transporte y mercados de destino.
El narcotráfico también destruye el medioambiente
Hay otra dimensión que deliberadamente se ha querido minimizar: el daño ambiental.
El narcotráfico no solamente genera violencia y corrupción. También destruye bosques, contamina ríos, afecta la fauna y penetra áreas protegidas y reservas forestales.
Y aquí debemos ser coherentes.
No podemos hablar de defensa del medioambiente y guardar silencio frente a una de las actividades ilegales que mayor destrucción puede generar en nuestros bosques.
La defensa de la naturaleza no puede ser selectiva ni tener color político.
Por eso sostengo que la nueva política antidroga de Bolivia debe tener como objetivo central la defensa de la vida, la salud pública y nuestros bosques.
Bolivia necesita una cumbre nacional contra el narcotráfico
Los bolivianos necesitamos discutir una nueva política antidroga.
Y esa política no puede ser elaborada únicamente desde un ministerio, una institución policial o un organismo internacional. Debe surgir de una gran cumbre política y social nacional, en la que participen todos los sectores que tengan algo que aportar.
La lucha contra el narcotráfico debe convertirse en una política de Estado y no en una bandera partidaria.
Necesitamos recuperar la cooperación internacional y coordinar acciones con los países vecinos y con los organismos especializados en la lucha contra el crimen organizado.
El narcotráfico es un delito transnacional y, por tanto, debe ser enfrentado mediante una estrategia igualmente transnacional.
La defensa de la vida debe estar por encima de cualquier interés político
No podemos permitir que intereses políticos, sindicales o económicos estén por encima de la salud y la vida de los bolivianos.
Debemos discutir con seriedad el impacto que tiene el incremento de la producción de coca sobre el mercado ilegal y sobre el crecimiento del narcotráfico.
La prioridad debe ser proteger a nuestros jóvenes y a las nuevas generaciones.
No podemos acostumbrarnos a convivir con el narcotráfico como si fuera una actividad inevitable. Tampoco podemos aceptar que determinadas organizaciones criminales terminen adquiriendo capacidad para influir sobre instituciones, territorios o decisiones del Estado. Durante demasiado tiempo hemos permitido que el problema avance.
Recuperar el Estado
Mi conclusión es clara: Bolivia necesita recuperar el control de su territorio y recuperar su Estado frente al narcotráfico.
Cuando las organizaciones criminales comienzan a tener capacidad económica, territorial y política, el problema deja de ser exclusivamente policial. Se convierte en un problema de Estado.
No podemos permitir que Bolivia termine sometida a poderes paralelos: ni al narcotráfico, ni a estructuras sindicales que pretendan estar por encima de la ley, ni a ningún otro grupo que limite la libertad y los derechos de los ciudadanos.
Debemos recuperar una República en la que las decisiones sean tomadas por los ciudadanos y las instituciones democráticas, no por organizaciones criminales.
La coca tradicional debe ser respetada. La coca destinada al narcotráfico debe ser combatida.
Esa diferencia tiene que quedar establecida con absoluta claridad en una nueva legislación.
Y el objetivo final debe ser uno solo: defender la vida, proteger nuestros bosques, recuperar el territorio y devolverle al Estado boliviano el control que ha perdido frente al narcotráfico.
