La controversia por los predios del mercado Mutualista suma un nuevo capítulo, esta vez desde el ámbito estrictamente constitucional. La defensa de la familia Crapuzzi, encabezada por el abogado Jerjes Justiniano, marcó una línea clara: el caso ya fue resuelto y no admite revisión.
El jurista sostiene que el derecho propietario de Miguel Crapuzzi fue reconocido mediante una Sentencia Constitucional dictada en el marco de una acción de amparo, posteriormente elevada en revisión y ratificada por el Tribunal Constitucional. Bajo ese argumento, insiste en que cualquier intento de reabrir o reinterpretar el caso carece de sustento legal.
El eje del debate se centra en la creación de una comisión que pretende revisar el conflicto del Mutualista. Para la defensa, esta instancia no tiene competencia jurídica para intervenir en un asunto que ya cuenta con fallo firme. La Constitución y la normativa vigente —según Justiniano— establecen que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes, de cumplimiento obligatorio y no susceptibles de revisión por otras instancias.
Con una certificación emitida en diciembre de 2025 como respaldo, la defensa advierte que cualquier resolución de dicha comisión podría quedar sin efecto legal, e incluso ser cuestionada por vulnerar el debido proceso.
Aun así, el equipo jurídico anunció que se presentará ante la comisión para exponer documentación y antecedentes. La estrategia apunta no solo a defender el fallo existente, sino también a evitar que el procedimiento sea declarado nulo por falta de garantías procesales.
El caso refleja una tensión recurrente en el sistema institucional: los límites entre decisiones políticas o administrativas y la fuerza vinculante de las resoluciones constitucionales. En este escenario, la disputa por el Mutualista trasciende lo local y se instala como un debate sobre el respeto al orden jurídico y la seguridad de los derechos propietarios en Bolivia.
