La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) lanzó una alerta política y económica ante la posibilidad de un nuevo ciclo de bloqueos de carreteras y movilizaciones sociales, al advertir que este escenario podría golpear la recuperación económica, afectar el abastecimiento y profundizar la incertidumbre para empresas y trabajadores.
“Nuestro país no puede padecer un nuevo ciclo de bloqueo de carreteras, ni permitir que se utilice el malestar social para activar la confrontación política”, señaló la organización empresarial en un comunicado.
La advertencia se produce en un momento en que el Gobierno impulsa medidas destinadas a estabilizar y ordenar la economía, mientras distintos sectores sociales expresan su rechazo a los efectos del ajuste.
La CEPB valoró las medidas adoptadas por el Ejecutivo y destacó la Ley 1765, vinculada al acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de las acciones orientadas a recuperar la estabilidad financiera y generar condiciones para el crecimiento a mediano plazo.
También respaldó el Decreto Supremo 5716, relacionado con los precios de los carburantes y la lucha contra el contrabando, así como el DS 5707, que establece medidas destinadas a garantizar la libre circulación y preservar el orden público frente a los bloqueos.
El temor empresarial: que el ajuste termine en contracción
Sin embargo, el pronunciamiento empresarial no es un respaldo sin advertencias. La CEPB reconoce que el proceso de ajuste puede generar costos económicos importantes para las empresas, particularmente para los sectores productivos, comerciales y de servicios.
El principal riesgo planteado es que la transición hacia una economía más ordenada derive temporalmente en una contracción que afecte el crecimiento, el empleo, el consumo y la capacidad de las empresas para mantener sus operaciones.
La preocupación alcanza especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menor capacidad financiera para absorber nuevos costos.
En ese sentido, la CEPB advierte que una acumulación de nuevas cargas regulatorias, tributarias, financieras o laborales podría traducirse en cierres de empresas, pérdida de empleos y menor inversión.
Protección social para evitar que el costo recaiga en los más vulnerables
Ante este escenario, el empresariado plantea la implementación de un plan integral de protección social, que sea expedito y focalizado.
El objetivo, según la CEPB, debe ser proteger a los sectores más vulnerables, preservar las fuentes de empleo y evitar que los costos de la transición económica recaigan principalmente sobre quienes tienen menor capacidad para enfrentarlos.
La organización considera que Bolivia debe superar rápidamente la etapa de ajuste y avanzar hacia una fase de crecimiento, inversión y generación de empleo.
Reformas económicas antes de fin de año
Para acelerar esa transición, la CEPB propone priorizar hasta fin de año la aprobación de un paquete de normativa económica bajo criterios de seguridad jurídica, estabilidad y reducción de incertidumbre.
Entre las normas que considera necesario ajustar están las leyes de Inversiones, Minería e Hidrocarburos, además del Código de Comercio y el Código Tributario.
La posición empresarial plantea que estas reformas deben concentrarse en objetivos concretos y evitar procesos prolongados que puedan incrementar la incertidumbre.
El mensaje de fondo de la CEPB combina dos advertencias: el ajuste económico necesita estabilidad social para funcionar y la estabilidad social requiere medidas que amortigüen el costo del ajuste.
En ese escenario, los bloqueos aparecen para el empresariado como un factor capaz de interrumpir nuevamente el abastecimiento, paralizar actividades productivas y comerciales y profundizar las dificultades que ya enfrenta la economía.
La alerta coloca así el debate político en una disyuntiva central: cómo avanzar con las medidas de estabilización sin convertir el costo de la transición económica en un nuevo foco de conflicto social y político.
