Por: Daniel Castro, periodista
Quiérase o no, el Movimiento al Socialismo logró instalar en la opinión pública la duda sobre lo que fueron los hechos ocurridos el año pasado. Como lo refleja Luis Antezana, en su artículo “Insurrección popular y no golpe de Estado tumbó a Evo”, publicado en El Diario de La Paz. Cito: Una polémica se produce en medios políticos del país desde hace un año. Mientras una parte sostiene que el levantamiento de noviembre de 2019 fue una insurrección popular, otra insiste en que fue un golpe de Estado el que puso fin a catorce años de gobierno de Evo Morales. El debate ha ido creciendo y se ha embrollado sin que, finalmente, se sepa qué pasó, creando en la población, políticos e historiadores verdadera confusión. Pero solo los hechos dicen la verdad histórica.
Más adelante agrega que las elecciones del pasado 20 de octubre de 2019 estuvieron contaminadas por sospechas y críticas porque se trataba de una reelección considerada anticonstitucional por la negativa ciudadana a la repostulación de Evo en el referéndum revocatorio del 21 de febrero de 2016. A ello se sumó un clima de críticas y denuncias que crearon una situación política contestataria que se agudizó cuando el escrutinio reveló una serie de incorrecciones que reconoció la OEA, apreciación que fue la gota de agua de colmó la paciencia popular y precipitó una conmoción social que terminó con 21 días de paro y la salida apresurada del poder del caudillo masista, producto de una insurrección popular y no de un golpe de estado como sostiene el líder cocalero.
Inmediatamente ocurrido los hechos y luego de dos días de incertidumbre donde la masa enfervorizada festejaba y pedía la consolidación de la toma del poder con la puesta de un gobierno transitorio, aparecieron los contrarrevolucionarios del régimen caído y comenzaron a generarse disturbios y violencia. Desde las instituciones públicas, como el ministerio de culturas a cargo de Wilma Alanoca, se comenzó a generar caos con bombas molotov fabricadas allí mismo. Se incendiaron 66 buses PumaKataris y por la presión popular la policía debió salir a poner orden. En ese contexto se conforma el gobierno de Jeanine Añez y los organismos internacionales se hicieron presentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se constituyó en el principal organismo en participar en las negociaciones y comenzar a emitir opinión en defensa de las libertades individuales y colectivas. Lo que llamó la atención fue que su mirada estaba en el accionar de los organismos represivos del estado y el naciente gobierno y no en los seguidores del movimiento al socialismo que se agruparon en grupos tipo comando que en retirada fueron cometiendo desmanes como la quema de la casa de la periodista Casimira Lema o la del ex rector de la UMSA, Waldo Albarracín. Finalmente se parapetaron en El Alto y allí intentaron volar puentes peatonales y la planta de combustible de Senkata, donde se agudizó la violencia.
Ese relato que ha sido difundido por los medios de comunicación y que corrió entre los grupos de mensajería privada y en redes sociales en Bolivia, “convivió” con el discurso contrario que difundió Evo Morales y sus seguidores y que posicionó el “golpe de estado” en la comunidad internacional. Ahora el oficialismo nacional y fundamentalmente Evo, como líder del MAS, pretenden cerrar el tema con la visión que ya tiene fuerza en el exterior. Para ello, es clave la presencia de organismos internacionales y principalmente la comisión de la CIDH, que está muy activa visitando los diferentes departamentos para hablar con los involucrados.
El grupo interdisciplinario está compuesto por los expertos Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert. Asimismo, Jaime Vidal fungirá como secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia.
Lo llamativo es que entre 2006 y 2018, según datos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), alrededor de 100 personas perdieron la vida en diferentes conflictos sociales, la mayoría de las muertes no fueron esclarecidas y menos investigadas por un grupo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ahora surgen cuestionamientos respecto al papel de la CIDH, ya que durante la administración del expresidente Evo Morales poco o nada hizo para esclarecer el deceso de varios ciudadanos, según palabras de Amparo Carvajal, presidenta de la Apdhb, que se queja que no les permitieron ingresar a los interrogatorios que lleva adelante la GIEI-Bolivia.
Para dejar registro de los hechos ocurridos se los enumera tal cual se publicaron en el diario Los Tiempos de Cochabamba:
2006: El enfrentamiento entre mineros asalariados y cooperativistas en Huanuni dejó 12 muertos y 60 heridos.
2007: La Calancha (Sucre). Exigían la restitución de la capitalía plena. El saldo: tres muertos por disparo de armas de fuego y 130 heridos.
2008: Masacre de Porvenir (Pando), con un saldo de 13 muertos y 53 heridos. El Gobierno apuntó al exprefecto de esa región, Leopoldo Fernández.
2009: Masacre en el hotel Las Américas en Santa Cruz. Tres muertos, dos detenidos y 39 procesados por terrorismo. El Gobierno sostiene que había un plan para dividir el país.
2010: Pobladores de Alto Beni se enfrentaron a los comunarios de Caranavi, fueron reprimidos por la Policía, lo que dejó como resultado dos muertos.
2012: Comunarios pedían la renuncia del Alcalde del MAS en el municipio de Yapacaní, pero la Policía intervino en la medida de presión, murieron tres personas.
2013: Incursión violenta a comunidades de Apolo con motivo de la erradicación de coca. Cuatro personas perdieron la vida.
2014: Enfrentamientos entre policías y cooperativistas por la Ley Minera y Metalurgia provocaron el deceso de dos personas y 60 heridos.
2016: Mineros cooperativistas y policías se enfrentaron en el sector de Panduro. El hecho dejó como resultado cinco muertos, entre ellos el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.
2018: El enfrentamiento en la localidad de La Asunta entre policías y cocaleros causó dos muertos.
De acuerdo con Amalia Pando, en su programa Cabildeo, al 2016 había 78 fallecidos. “Cada ministro de Gobierno cargó muertos, entre 2006 y 2016: Alicia Muñoz, 22; Alfredo Rada, 25; Sacha Llorenti, 2; Wilfredo Chávez, 3; Carlos Romero, 33; total: 78”, dijo en su oportunidad.
Entre 2006-2016, en el Beni murió 1 persona; en Cochabamba, 15; en Potosí, 13; en Oruro, 8; en Tarija, 1; en Chuquisaca, 3; en La Paz, 16; en Pando, 13; en Santa Cruz, 6, y en Oruro 2.
Masacre de Pando. En 2009, se entregó al representante en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los miembros del Consejo de Defensa de los Derechos Humanos y la Libertad un informe sobre violaciones a los derechos humanos y a las garantías constitucionales durante el Gobierno de Morales.
El documento describe cómo el Movimiento Al Socialismo (MAS) incurrió en acciones de violencia contra miembros de los movimientos cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando; ataques de afines al partido azul contra medios de prensa, periodistas, frecuentemente acusados y vilipendiados por el propio expresidente Morales; el encarcelamiento ilegal de ciudadanos, usando a jueces y fiscales que violaron frecuentemente el ordenamiento jurídico nacional y otros.
Uno de los sucesos de mayor impacto fue la denominada “Masacre de Pando”. Una versión de los hechos revela antecedentes reveladores: “En los días precedentes al 11 de septiembre (día del trágico enfrentamiento), Juan Ramón Quintana (ministro de la Presidencia) y su aliado Miguel “Chiquitín” Becerra…comenzaron a movilizar militantes afines al partido de gobierno, desde la localidad de Riberalta (y otras poblaciones pandinas y benianas). El objetivo declarado era llegar a la ciudad de Cobija (la capital del departamento de Pando) para ‘retomar’ las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria en esa ciudad…y para exigir la renuncia del prefecto Leopoldo Fernández”. A los reclutados “se les pagaba 200 Bs…Desde Filadelfia (un municipio de Pando) se movilizó a normalistas (estudiantes de la escuela de maestros de La Paz). Además de armas de fuego, como salones (rifles 22, mm) y escopetas, se les distribuyó a los “marchistas” abundante coca y alcohol”.
Sin embargo, el gobernante MAS responsabilizó a Fernández sobre todo lo ocurrido, por lo que éste pasó años en la cárcel.
El exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, sostuvo, en su momento, que la justicia no asumió la responsabilidad y que, por el abuso de poder, se vulneraron permanentemente los derechos humanos y se naturalizó la violencia. Los caídos son campesinos, indígenas, universitarios, mineros, policías y hasta un exviceministro, que fue asesinado en un enfrentamiento que pudo ser evitado.
Represiones. Aparte de los casos mencionados, hay varias represiones en que incurrió la administración de Morales, entre ellas:
El 25 de septiembre de 2011, el Gobierno de Evo Morales intentó desmovilizar la octava marcha indígena. Los movilizados fueron gasificados, golpeados, maniatados y llevados en buses de Chaparina a Rurrenabaque.
En 2014, se reprimió violentamente a indígenas de la Capitanía Takovo Mora, que protagonizaban un bloqueo. Hubo 18 aprehendidos, pero la mitad de ellos no era parte de las medidas de presión.
En 2015, estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) se enfrentaron por la titulación de 1.300 docentes por antigüedad sin necesidad de examen. La Policía intervino en los enfrentamientos causando 12 heridos.
En 2016, llegó a La Paz una caravana de personas con discapacidad que exigía un bono de 500 bolivianos. Fueron gasificados, golpeados y atacados con el camión Neptuno.
Representantes de derechos humanos cuestionaron esta situación y recordaron a Morales que cuando llegó a la presidencia dijo: “Mi gobierno será un gobierno sin muertos” y “al primer muerto me voy”.
Durante su exilio en México y ante la prensa de ese país, Morales dijo: “Hasta el día de mi renuncia, 10 de noviembre, había cero muertos por bala. Permanentemente, hemos cuidado que no se usen las armas contra el pueblo”.
