La Asamblea de la Cruceñidad elevó el tono de su demanda al Gobierno nacional y fijó el 10 de octubre como fecha límite para recibir respuestas concretas a una agenda que combina crisis económica, combustibles, distribución de recursos y profundización de la autonomía.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, anunció que, si hasta esa fecha no existen soluciones, se activará un plan escalonado de movilizaciones, que podría llegar incluso a plantear una denominada “autonomía de facto”.
La agenda cruceña reclama la restitución de competencias y la transferencia de recursos a gobernaciones, municipios y universidades públicas, particularmente en áreas como salud, educación e infraestructura.
Uno de los puntos políticamente más sensibles es la exigencia de incorporar el 50/50 en el Presupuesto General del Estado 2027, planteamiento que busca modificar la distribución de los recursos públicos entre el nivel central y las regiones.
En materia energética, la dirigencia cívica demanda liberar la importación, distribución y comercialización de combustibles, eliminar cargas impositivas que inciden en su precio y terminar con los monopolios que, según denuncian, han contribuido a la crisis de abastecimiento.
La propuesta también incorpora al etanol y los biocombustibles como alternativas de emergencia, además de la explotación de nuevos pozos de crudo para reducir la dependencia de las importaciones.
El 10 de octubre puede marcar un nuevo pulso
Cochamanidis sostuvo que antes de recurrir a medidas de presión se buscará que el Gobierno “recapacite” y comprenda que la salida a la crisis requiere coordinación con las regiones.
Pero el mensaje político es claro: Santa Cruz ya puso una fecha y espera respuestas.
“Si es necesario llegar a un cabildo para que sea el pueblo el que elija el destino de Santa Cruz, así lo haremos”, advirtió el dirigente.
La Asamblea facultó al Comité pro Santa Cruz a coordinar con instituciones y sectores sociales un plan de movilizaciones escalonadas, dejando abierta la posibilidad de avanzar hacia la “autonomía de facto” si las demandas no son atendidas.
El escenario abre un nuevo capítulo en la relación entre Santa Cruz y el poder central: la discusión ya no se limita a recursos y combustibles, sino que vuelve a colocar la autonomía en el centro del debate político nacional.
