El Gobierno ratificó que no abrogará el Decreto Supremo 5676, pese al pedido de la Asamblea de la Cruceñidad.
El vocero presidencial José Luis Gálvez fue contundente:
“Abrogarlo no resuelve el problema, LO AGRAVA”.
El Ejecutivo sostiene que el decreto busca regular de manera diferenciada el consumo de grandes compradores mediante precios referenciados al mercado internacional.
Además, el Gobierno respalda que el sector privado importe combustibles y que YPFB deje de asumir exclusivamente esa tarea.
La posición oficial: no eliminar el decreto, sino mejorar su aplicación.
