El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que revela un incremento del 7% en los cultivos de coca durante 2025 coloca al Gobierno de Rodrigo Paz ante uno de sus principales desafíos políticos y de seguridad: recuperar la capacidad del Estado para controlar la expansión de cultivos excedentarios e ilegales.
Bolivia cerró 2025 con 36.400 hectáreas de coca cultivada, frente a las 34.000 registradas en 2024. La cifra supera en 14.400 hectáreas el límite de 22.000 hectáreas establecido para la producción autorizada.
El dato más sensible políticamente está en el Trópico de Cochabamba, donde la superficie cultivada aumentó un 22%, pasando de 14.275 a 17.471 hectáreas. En contraste, Los Yungas de La Paz registraron una reducción del 4%.
La diferencia regional plantea un escenario complejo para la nueva administración. El Gobierno debe enfrentar el problema sin convertir la lucha contra los cultivos excedentarios en un conflicto político y social con los productores de coca.
El ministro de Gobierno reconoció que los resultados son “realmente preocupantes” y admitió que existe el desafío de “recuperar la capacidad de intervención institucional”.
Pero el problema no termina en la cantidad de hectáreas cultivadas. El informe también muestra una brecha significativa entre la producción potencial y la coca que llega a los mercados autorizados. En el Trópico de Cochabamba, apenas el 9% de la producción potencial pasó por el mercado autorizado, mientras que en Los Yungas y el norte de La Paz la proporción llegó al 74%.
Un desafío político
Para el Gobierno de Paz, la denominada Política Antidroga 2026-2030 se convierte en una prueba de capacidad institucional. La estrategia plantea reducir progresivamente los cultivos excedentarios e ilegales, diferenciándolos de la producción legal y tradicional de la hoja de coca.
El desafío será convertir esa política en acciones concretas sin repetir los ciclos de confrontación que históricamente han acompañado a la erradicación de coca en Bolivia.
La administración deberá equilibrar tres frentes: control territorial, lucha contra las estructuras del narcotráfico y protección de la producción tradicional de coca.
El crecimiento registrado en el Trópico, además, vuelve a colocar a esa región en el centro del debate político nacional. Cualquier operativo de control tendrá inevitablemente una dimensión política, debido al peso histórico y organizativo de las organizaciones cocaleras.
La pregunta que queda planteada para el Gobierno es si tendrá la capacidad política e institucional para aplicar su nueva política antidroga de manera sostenida y diferenciada.
Más allá del discurso, los próximos meses mostrarán si la administración de Paz consigue recuperar presencia efectiva del Estado en las zonas donde los cultivos excedentarios continúan expandiéndose.
El desafío ya está sobre la mesa: controlar la coca excedentaria sin abrir un nuevo frente de conflicto político y social.
