Por Nazario
El comunicado emitido por el Comité Pro Santa Cruz, en el que califica de “bochornoso intento de imposición” lo ocurrido en el Concejo Municipal, abre un debate necesario: ¿hasta qué punto una institución cívica debe involucrarse en disputas políticas internas?
El Comité, históricamente concebido como la voz de la sociedad civil y defensor de la autonomía cruceña, parece haber asumido un papel de actor político directo. Al condenar con términos duros la elección de Gabriela Garzón como presidenta del Concejo, la institución se coloca en una posición que va más allá de la defensa de principios generales y se inserta en la pugna partidaria.
La crítica surge porque el Comité Cívico debería representar a la ciudadanía en su conjunto, no a una bancada o partido específico. Sin embargo, su pronunciamiento —aunque justificado en la defensa de la institucionalidad— termina alineándose con el discurso de Comunidad Autonómica (C-A), lo que genera dudas sobre su imparcialidad.
Este tipo de intervenciones plantea tres riesgos claros:
- Desnaturalización del rol cívico: El Comité se fundó para articular demandas regionales y defender intereses colectivos, no para terciar en disputas de poder dentro del Concejo. Su involucramiento directo corre el riesgo de convertirlo en un actor político más, perdiendo legitimidad ante amplios sectores ciudadanos.
- Polarización innecesaria: En lugar de promover puentes de diálogo, la declaración cívica alimenta la confrontación. Se refuerza así la lógica de “ellos contra nosotros”, debilitando las posibilidades de consenso y gobernabilidad en el municipio.
- Erosión de credibilidad: Al tomar partido, el Comité arriesga su capital simbólico y su imagen de institución representativa de todos los cruceños. Cada vez que se posiciona de manera tan explícita, deja de ser percibido como un árbitro moral y se acerca a la etiqueta de operador político.
En el fondo, lo que está en juego no es solo la presidencia del Concejo Municipal, sino el papel del Comité en la vida pública cruceña. Si se convierte en actor político, corre el riesgo de dividir a la ciudadanía y desgastar su autoridad moral; si se mantiene como referente cívico imparcial, puede cumplir un rol más valioso: el de vigilar, mediar y exigir institucionalidad sin caer en la lógica partidaria.
El desafío del Comité Pro Santa Cruz, en esta coyuntura, es decidir si quiere ser el guardián de la autonomía y la institucionalidad o un jugador más en el tablero político. Ambas rutas son incompatibles.
