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Santa Cruz de la Sierra

Condiciones estructurales para definir políticas públicas en Bolivia

La pandemia del COVID 19

Por Felipe Caballero Ordóñez, consultor

El 08 de diciembre de 2020 en el Reino Unido se dio inicio a la vacunación contra la COVID 19 y se abrió una fase de expectativas para la sociedad humana. Para las personas más confiadas o necesitadas, no se trata de expectativas, sino de auténticas esperanzas.

La base de dichas expectativas o esperanza residen en que se empezó a realizar acciones directas contra el virus causante de la pandemia, mediante la vacuna que elimina el poder destructivo del virus.

Independiente del grado de cumplimiento de esta expectativa o esperanza, lo cierto es que, desde el 31 de diciembre de 2019, mediante un reporte oficial del gobierno de la República Popular de China, la Organización Mundial de la Salud (OMS) de manera oficial se informó de la existencia de virus COVID 19 “descubierto” en los laboratorios de Biotecnologías de Wuhan.

En el mencionado informe, de manera muy general y provisional se informó sobre su sistema de incubación, las formas de transmisión, los síntomas provocados por la enfermedad, el curso general que seguía, los previsibles efectos sobre la salud humana, una aproximación sobre el grado de mortalidad que portaba.

El informe no incluyó una previsión ni aproximación sobre los alcances en materia de salud pública; aunque, los expertos debían esperar que una vez comprobada y según su cobertura y amplitud tome los nombres, ya de epidemia o de pandemia.

El episodio del informe oficial del gobierno de la República Popular de China ante la Organización Mundial de la Salud, realizado el 31 de diciembre de 2019, tiene diversos elementos y factores de relevancia, además de los de orden sanitario en sí mismo, y de sus implicaciones en la salud pública de Wuhan y China. Es que los efectos sucesivos llegaron a toda Asia y al mundo.

Los hechos y efectos expandidos a todo el mundo tomaron el nombre de Pandemia. Afectó a todos los países. A los desarrollados, los medianamente desarrollados y a los “en vías de desarrollo”, a los más ricos, a los de situaciones intermedias y a los más pobres; a los que estructuralmente contaban con mejores condiciones para encarar la Pandemia en todos los aspectos, a los medianamente preparados y a los no preparados, como es el caso de Bolivia, porque estructuralmente estamos “en vías de desarrollo”, pese a que los últimos 15 años fue un periodo de bonanza como nunca antes en la historia nacional, ocasionados por los altos precios de las materias primas que vendemos.

Desde la misma lógica, al interior de Bolivia, la pandemia tuvo, tiene y seguirá teniendo el mismo comportamiento sistémico: los que cuenten con mayores recursos de todo tipo podrán enfrentarlas en mejores condiciones, los de medianos recursos en proporción a sus posibilidades y los que tienen escasos recursos o no los tienen serán los más perjudicados.

Efectos e impactos económicos mundiales de la pandemia

El 11 de enero de 2021, en el portal del Banco Mundial, bajo el título de “Últimas estimaciones del impacto de la COVID-19 (coronavirus) en la pobreza mundial: repaso de 2020 y perspectivas para 2021”, Christoph Lakner, Nishant Yonzan, Daniel Gerszon Mahler, R. Andrés Castaneda Aguilar y Haoyu Wu, anotaron que “al momento en que el nuevo año trae cierta esperanza para la lucha contra la COVID-19, repasamos lo sucedido y hacemos el balance del efecto de la pandemia en la pobreza durante 2020”.

De hecho, encaran el análisis de los efectos de la pandemia a partir de los indicadores de pobreza, que en materia de desarrollo económico es el más dramático con relación a las personas, las sociedades y los países. No realizarlo desde el enfoque del Producto Bruto Mundial, el comercio u otro campo de la economía, es revelador de la importancia social y estructural que tiene el enfoque, ya que involucra los ámbitos de la subsistencia y las seguridades más elementales para la vida de los seres humanos.

Señalan que en el Informe del tercer trimestre del 2020 (realizado en octubre de dicho año), utilizaron como base las previsiones de crecimiento incluidas en junio, provenientes del informe “Perspectivas Económicas Mundiales” (GEP) (PDF, en inglés), donde estimaron “que en todo el mundo, entre 88 millones y 115 millones de personas caerían en la extrema pobreza en 2020”; es decir, a tener ingresos menores a 1.90 dólar al día.

A su vez mencionan que con los pronósticos incluidos en la edición de enero de 2021 del informe “Perspectivas Económicas Mundiales” (GEP), se puede prever que la cantidad de nuevos pobres surgidos como consecuencia de la pandemia de COVID-19, aumentará de 119 millones a 124 millones el 2020. Aclaran que “este rango de estimaciones está en línea con otros cálculos (i) basados en previsiones alternativas de crecimiento elaboradas recientemente”.

En este campo también corresponde mencionar que los referidos autores, del mismo modo que en sus estimaciones anteriores, el número de nuevos pobres surgidos a raíz de la COVID-19, fueron calculados “como la diferencia entre la pobreza proyectada con pandemia y sin ella”. Y a su vez, para predecir la pobreza en el primer caso utilizan las previsiones de crecimiento del informe GEP de enero de 2021, y para el mundo sin pandemia, las incluidas en la edición de enero de 2021.1Como parte de la estrategia metodológico, los autores aclaran que “si bien ahora están repasando el año 2020”, sus estimaciones siguen basándose en extrapolaciones de encuestas de hogares anteriores a ese año.

Llegan a la conclusión que el aumento estimado de la pobreza mundial en 2020, “es verdaderamente inédito”. Para ello hay que tomar en cuenta que en las dos últimas décadas (desde 1999), la cantidad de personas que vivía en la pobreza extrema, en todo el mundo disminuyó en más de 1000 millones, y que una parte de estos avances se revertirán a causa de la pandemia de COVID-19, escenario en el que hay que recordar que “antes de la COVID-19, el único caso registrado de aumento en el número mundial de pobres causado por una situación crítica, fue con la crisis financiera asiática que elevó la pobreza extrema en 18 millones de personas en 1997, y sumó otros 47 millones en 1998.

Señalan que el aumento en el número de personas en condición de pobreza de USD 3,20 al día, subirá y por lo mismo que se incrementará la pobreza mundial estimada en el escenario de referencia y según el informe GEP. El incremento será de 175 millones a 228 millones, con mayor incidencia en Asia meridional.

Este escenario específico con relación a la pobreza se visualiza y explica al interior de un escenario general en el que según el comunicado de prensa del Banco Mundial (05 de enero de 2021) anuncia oficialmente que la economía mundial tuvo una contracción del 4,3 % en 2020.

Es decir, la economía mundial tuvo un comportamiento negativo, donde entre enero y diciembre de 2020 hubo una recesión del 4.3%, que podría revertirse en 2021 si se cumple al menos con dos condiciones clave: se realiza la “distribución de las vacunas y se hacen las inversiones necesarias”. Bajo estas condiciones la economía mundial podría crecer el 2021 a un ritmo del 4%.

Y aún si se cumplen estas dos medidas, el Banco Mundial señala que: “Seguirá habiendo riesgos para el desarrollo en tanto que la actividad económica y los ingresos probablemente se mantendrán por debajo de lo normal durante un período prolongado”.

Contexto nacional para definir políticas públicas para el desarrollo

En medio de este escenario mundial, aunque pasando por un alto puente a los efectos e impactos de la crisis sanitaria mundial y la subsecuente crisis económica en las realidades de América Latina, Sudamérica, los países del Pacto Andino o del MERCOSUR que constituyen los ámbitos geoeconómicos de los que formamos parte, corresponde poner empeño para analizar y empezar a señalar el ¿qué hacer?, para el “Aquí y para el Ahora” nacional, con las obvias proyecciones territoriales y temporales.

Dado que no existen otros estudios y fuentes confiables con cobertura mundial, en este desafío, hay que empezar señalando que si solo se concretaran los dos lineamientos antes mencionados: “distribución de vacunas y hacer las inversiones necesarias”, en un contexto de recesión nacional del 11.1%, reconocida por el Sr. Luis Arce Catacora, para la gestión 2020, es cuando se nos empieza a clarificar de manera más puntual el escenario, que a su vez podrá permitirnos la definición de políticas públicas nacionales, regionales, departamentales y municipales para el desarrollo.

En este caso y siguiendo esta línea de razonamiento antes señalada, la precondición obvia es saber si son verdaderas y realista las informaciones que el gobierno nacional brinda sobre:

a)  Disponibilidad de vacunas, plan y cronograma para lograr la plena cobertura nacional en los marcos de un Plan Nacional de Salud. 


b)  Disponibilidad de recursos para realizar las inversiones en los marcos de un plan de desarrollo económico y social (para enfrentar la crisis económica, sanitaria, social, etc.) que además contenga las estrategias de implementación en los marcos del Estado Autonómico y Descentralizado. 


c)  Estado y perspectivas de la situación económica nacional y sectorial sobre los indicadores macro y micro económicos, con representaciones departamentales y municipales. 


De hecho que la mención de solo estas tres variables abrirán el horizonte para escudriñar nuestra situación, proyecciones y desafíos inmediatos. Todas las otras variables, siendo absolutamente necesarias, pasan a la condición de complementarias en un periodo histórico de crisis multidimensional y de urgencias impostergables si es que queremos evitar la hecatombe humana, social y estatal en las distintas representaciones del territorio, la sociedad, la economía y el desarrollo, independientes de los enfoques que les demos.

Como es evidente, cualquier encaramiento que sea inclusivo en todos los aspectos y que brinde “oportunidades” para todas y para todos, requiere previamente de cumplir el marco normativo y pactar acuerdos, sobre la base de los equilibrios de partes y contra partes, de los pesos y contra pesos, que en nuestro país toman las formas de centralismos y autonomismos y descentralizadores.

A su vez, son estos lineamientos, que por fuerza de las circunstancias de la crisis multidimensional con picos en los aspectos sanitarios y económicos, los que han devenido en premisas para definir las políticas públicas para el desarrollo en todos los niveles del Estado. Bajo esta sombrilla, desde un encaramiento metodológico responsable, es que se deben concertar las nuevas políticas públicas nacionales, departamentales y municipales.

En síntesis, en Bolivia, los cambios empezaron a producirse a partir de septiembre, octubre y noviembre de 2019, con los incendios y la desatención del gobierno nacional en la Chiquitania, la Amazonia y el Oriente; el fraude electoral verificado y reconocido también por la Organización de Estados Americanos (OEA), la renuncia y fuga del gobierno liderado por el dirigente de los productores de la hoja de coca del Chapare; el accionar oportunista y corrupto del gobierno de transición entre noviembre de 2019 y enero del 2020; y el ascenso al gobierno nacional en enero de 2020 del Sr. Luis Arce Catacora, después de su triunfo electoral por mayoría absoluta.

Esta relación de hechos, además de configurar los antecedentes más inmediatos de la última crisis política y social nacional que con altos grados de tensiones duró 15 meses, al final resultó en el triunfo electoral de un representante del centralismo estatal, que en términos generales cuenta con el apoyo de los pobladores de las áreas rurales y de sectores populares urbanos de matrices etno culturales de origen andino, aunque con una mayoritaria oposición de la población urbana mestiza y de clases medias.

Un factor clave de estos resultados es que de manera simultánea validó el resurgimiento y la proyección en los nuevos tiempos políticos nacionales las alternativas autonómicas y descentralizadora, con epicentro en el departamento de Santa Cruz, asentadas con mayores fuerzas en las poblaciones urbanas de todas las ciudades capitales de los departamentos y en las clases medias, y con mayor representación en los departamentos del Oriente, la Amazonia y El Chaco.

Es sobre estas bases que se deben plantear las nuevas políticas públicas nacionales, departamentales y municipales:

Existe una crisis mundial que es multidimensional y cobra visibilidad en temas económicos y sanitarios.

Esta crisis, en materia económica trajo consigo un proceso recesivo con distintas profundidades e intensidades en los países.

En todos los países del mundo, en los niveles nacionales, departamentales, municipales y familiares la crisis golpea y se demuestra a partir de menos trabajo, precariedad laboral, menos ingresos, menos seguridad alimentaria, menos capacidad de atención adecuada frente a las enfermedades, alta exposición al contagio motivada por la necesidad de salir a trabajar y tener ingresos para proveerse de alimentos y medicinas, por solo citar las necesidades más urgentes e inmediatas.

En Bolivia, la estructura del empleo de la Población Económicamente Activa (PEA) es de 80% que trabajan Por Cuenta Propia y 20% tienen una relación de dependencia, ya sea porque trabajan para el Estado (maestras/os, Trabajadoras/es en salud, policías, fuerzas armadas, gobernaciones, gobiernos municipales y otras dependencias públicas) y en empresas privadas medianas y grandes.

No existen planes de desarrollo en ningún nivel del Estado y para ninguna área de desarrollo, que haya sido concebido desde la perspectiva de la crisis multidimensional con especificaciones económicas y sanitarias para realizar inversiones.

La estructura política institucional de Bolivia se caracteriza por un gobierno nacional recientemente electo, centralista, al que se adscriben varias Entidades Territoriales Autónomas (Gobiernos departamentales y municipales) y muy escasos Gobiernos Departamentales y Municipales que sean auténtica y consecuentemente autonómicos.

      -Las elecciones que próximamente se realizaran para elegir a los gobiernos de las Entidades Territoriales Autónomas (gobernaciones y municipios), es un escenario, donde, independiente de los candidatos o las organizaciones políticas que lo patrocinen, tiene entre otros ámbitos de significación y oportunidad: elegir a autonomistas o a centralistas.

      -Ese será el marco institucional inmediato que condicionará la elaboración de las nuevas políticas públicas nacionales, departamentales y municipales, bajo los principios de pesos y contra pesos.

FELIPE
Por Felipe Caballero Ordóñez, consultor

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