La Gobernación de Santa Cruz atraviesa una de las etapas más críticas de su historia institucional. Con un presupuesto anual cercano a los 1.100 millones de bolivianos, la administración departamental apenas logra cubrir gastos básicos, en particular sueldos y funcionamiento corriente, sin capacidad real de inversión en obras, servicios o desarrollo productivo. En ese escenario, José Alberti y Guido Náyar, candidatos a vicegobernador y gobernador por Primero Santa Cruz, plantean un giro estructural: pasar de una Gobernación que “administra pobreza” a una que planifica y lidera el desarrollo regional. Ambos están en una gira de campaña por la Chiquitania haciendo conocer sus propuestas.
Un diagnóstico de colapso presupuestario
Según el equipo económico de la alianza, alrededor del 80% del presupuesto departamental se destina actualmente al pago de sueldos, mientras que una parte significativa del restante se diluye en gastos corrientes y contrataciones temporales, sin impacto social ni productivo sostenible. El resultado es visible: obras paralizadas, provincias desconectadas, servicios de salud y educación desbordados y una creciente brecha territorial entre la capital y el interior del departamento.
Desde esta lectura crítica, Alberti y Náyar sostienen que el problema central no es solo de gestión, sino de estructura fiscal. Santa Cruz —el principal generador de riqueza e impuestos del país— recibe apenas una fracción de los recursos que produce, lo que condena a la Gobernación a una administración defensiva, sin margen para políticas públicas de largo plazo.
La propuesta: multiplicar los ingresos hasta Bs 7.000 millones
La apuesta económica del binomio se basa en incrementar los ingresos departamentales hasta aproximadamente 7.000 millones de bolivianos anuales, mediante tres fuentes principales:
1. Regalías del 11% al 50%
Actualmente, de cada 100 bolivianos generados por la renta hidrocarburífera y gasífera en Santa Cruz, solo 11 permanecen en el departamento; los otros 89 se concentran en el nivel central del Estado. La propuesta plantea elevar esa participación al 50%, bajo el argumento de justicia fiscal y correspondencia territorial.
De acuerdo con estimaciones del equipo técnico, incluso en un escenario conservador —con precios internacionales bajos y volúmenes reducidos— esta medida permitiría captar alrededor de 2.500 millones de bolivianos adicionales por año.
2. Participación departamental en los bonos de carbono
La segunda fuente estratégica es la venta de bonos de carbono derivados de la conservación de los bosques. Santa Cruz, junto con Beni, Pando y La Paz, concentra gran parte de la riqueza forestal del país. La propuesta es que los departamentos productores reciban el 50% de los ingresos por este concepto.
Solo la preservación de áreas específicas, como el Parque Otuquis, podría generar entre 2.000 y 2.500 millones de bolivianos anuales, en un escenario moderado, sin comprometer la integridad ambiental ni la soberanía sobre el territorio.
3. Coparticipación tributaria del 50%
El tercer pilar es la redistribución de la coparticipación tributaria. Santa Cruz es el departamento que más impuestos genera, pero no recibe una proporción equivalente. Alberti y Náyar plantean exigir el cumplimiento de la promesa política de una coparticipación del 50%, de modo que una mayor parte de los recursos fiscales producidos en el departamento se reinviertan en su propio desarrollo.
Prioridades: desarrollo humano y territorial
El incremento de ingresos no se concibe como un fin en sí mismo, sino como la base para una nueva política pública departamental. La propuesta prioriza el desarrollo humano, con énfasis en:
- Salud, especialmente hospitales de tercer nivel, cuya competencia recae en la Gobernación.
- Educación, con inversión en infraestructura y servicios en provincias.
- Seguridad ciudadana, como condición para la actividad económica y la convivencia social.
- Agua, riego y producción, orientados a fortalecer el sector agrícola y garantizar soberanía alimentaria.
- Caminos, uno de los puntos más críticos. El deterioro de la red vial departamental —por falta de mantenimiento, maquinaria obsoleta y debilitamiento institucional del Sedcam— ha aislado a provincias como Florida y Vallegrande, profundizando la pobreza y frenando la producción.
De la Gobernación parche a la Gobernación que lidera
La tesis política de Alberti y Náyar es clara: mientras Santa Cruz siga recibiendo migajas de la riqueza que produce, cualquier gestión estará condenada al parche y la improvisación. En cambio, una Gobernación con recursos suficientes puede planificar, invertir y liderar no solo el desarrollo departamental, sino también un nuevo modelo de políticas públicas para el país.
La propuesta no evade el conflicto político que implica disputar recursos al centralismo. Por el contrario, asume esa disputa como condición necesaria para que Santa Cruz deje de sobrevivir administrando escasez y pase a ejercer el rol económico y social que, sostienen, le corresponde por aporte, población y potencial estratégico.
La dupla Nayar-Alberti intensifica su visita a las provincias y entre semana lo hace en los distritos urbanos. Según los sondeos suben cada vez más en la preferencia de los electores.
