El debate entre los candidatos a la Gobernación de Santa Cruz dejó en evidencia no solo diferencias programáticas, sino también una disputa sobre la interpretación de la historia política reciente del departamento. En ese escenario, Guido Náyar sostuvo que la defensa de los intereses cruceños es un proceso colectivo y prolongado que no comenzó en 2019, como afirmó el actual gobernador Luis Fernando Camacho durante el intercambio transmitido por Red Uno.
El momento más intenso del debate se produjo cuando ambos candidatos confrontaron sobre la gestión departamental de los últimos cinco años. Náyar cuestionó el incumplimiento del plan de gobierno de la actual administración y atribuyó a esa situación parte de la crisis institucional que —según afirmó— enfrenta la Gobernación. Camacho respondió señalando que su gestión estuvo condicionada por el tiempo que permaneció encarcelado, cerca de tres años, lo que habría limitado su capacidad de conducción directa de la administración.
Sin embargo, el candidato opositor replicó que el equipo que administró la Gobernación durante ese periodo fue elegido junto con el gobernador y, por tanto, comparte responsabilidad política por los resultados obtenidos. En ese contexto, el debate trascendió el ámbito de la gestión para abordar el significado político de las movilizaciones regionales.
Camacho defendió su rol en los acontecimientos políticos de 2019, sosteniendo que su participación en esas protestas y su posterior encarcelamiento marcaron el inicio de una nueva etapa en la política nacional. Frente a ello, Náyar respondió que la lucha por Santa Cruz es anterior y está marcada por una larga historia de confrontaciones políticas, persecuciones y sacrificios. Como ejemplo, recordó que el actual candidato a vicegobernador del oficialismo departamental, Zvonko Matkovic, permaneció encarcelado durante una década antes de los sucesos de 2019.
Más allá del debate histórico, los candidatos coincidieron en la necesidad de relanzar el desarrollo económico del departamento de Santa Cruz y profundizar el proceso autonómico para impulsar proyectos estratégicos como Puerto Busch o el desarrollo logístico del aeropuerto internacional de Viru Viru como hub regional. No obstante, Náyar advirtió que estos proyectos difícilmente podrán concretarse sin resolver previamente la crisis financiera de la Gobernación.
Según su diagnóstico, la institución enfrenta un déficit cercano a los 1.400 millones de bolivianos. Afirmó que las competencias asignadas al gobierno departamental implican costos aproximados de 2.500 millones de bolivianos, mientras que el presupuesto disponible apenas alcanza los 1.100 millones, lo que —a su juicio— limita la capacidad de inversión y gestión pública.
Ante ese escenario, el candidato propuso un cambio estructural en el modelo de financiamiento departamental. Su planteamiento incluye incrementar las regalías gasíferas del 11% al 50%, participar en los ingresos generados por bonos de carbono y exigir al Gobierno central el cumplimiento del pacto fiscal bajo un esquema de distribución equitativa de recursos del 50% para las regiones y 50% para el nivel central.
De acuerdo con su propuesta, el incremento de recursos permitiría avanzar hacia una autonomía financiera real para el departamento y financiar proyectos estratégicos de integración y desarrollo urbano, entre ellos un tren metropolitano para el área cruceña.
Náyar también sostuvo que una parte sustancial de esos recursos debería destinarse a reconstruir el sistema de salud departamental, que calificó como deteriorado, además de garantizar servicios básicos vinculados a políticas sociales como el acceso al agua potable y programas de alimentación escolar. En su evaluación, el departamento ha enfrentado durante las últimas dos décadas un déficit estructural de infraestructura hospitalaria, lo que obliga a replantear las prioridades de inversión pública.
El debate reflejó así dos visiones contrapuestas sobre el pasado reciente y sobre el camino para resolver los desafíos económicos e institucionales del principal departamento productivo del país. Mientras una postura reivindica los acontecimientos políticos de 2019 como punto de inflexión, la otra plantea que la construcción autonómica y la defensa regional responden a un proceso histórico más amplio que hoy exige, sobre todo, soluciones económicas concretas.
