Dos ciudadanas solicitan al Concejo Municipal de Santa Cruz que investigue el destino de áreas verdes y de equipamiento social de la Unidad Vecinal 15. Cuestionan un proceso judicial civil y solicitan revisar planos, balances de superficie y antecedentes técnicos de 2008 y 2010.
La presunta pérdida de terrenos municipales destinados a espacios públicos vuelve a poner bajo cuestionamiento la planificación urbana y los mecanismos de protección del patrimonio de Santa Cruz de la Sierra.
Liz Carmen Justiniano Suárez y María Rosa Justiniano Suárez presentaron el 19 de octubre de 2026 una denuncia ante la presidenta del Concejo Municipal, Laura Luisa Nayar Sosa, en la que alertan sobre una supuesta apropiación de terrenos públicos ubicados en la Unidad Vecinal 15, Distrito Municipal 2.
Según el documento al que tuvo acceso URBE.BO, el área cuestionada comprende 5.593,95 metros cuadrados, distribuidos en las manzanas 92, 93 y 86, que habrían sido consolidados al dominio municipal para uso público desde 1973 y destinados a equipamiento primario, plaza, área verde y parque infantil, de acuerdo con la planificación urbana y un plano visado el 20 de octubre de 1995.
Las denunciantes sostienen que estos terrenos habrían resultado afectados por un proceso ordinario civil identificado con el NUREJ 701199200940140 y la causa 299/2009, seguido por Dorian Brunn Sciaroni contra el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
El reclamo apunta a establecer cómo un proceso judicial habría terminado afectando terrenos que, según los antecedentes presentados, estaban destinados al uso público. Sin embargo, la denuncia no sustituye una resolución judicial ni acredita por sí sola la existencia de una apropiación ilegal; corresponde verificar los expedientes y documentos que respaldan cada afirmación.
Un balance de superficie bajo cuestionamiento
Uno de los principales argumentos de las ciudadanas se refiere a un supuesto balance de superficie elaborado por la Dirección de Ordenamiento Territorial en 2008.
Según la denuncia, el propietario Dorian B.C. habría vendido gran parte de su propiedad original y conservado solamente 1.544,30 metros cuadrados. Las denunciantes sostienen que ese antecedente debe contrastarse con la superficie posteriormente reclamada y con los terrenos municipales involucrados.
También solicitan recuperar y revisar la Comunicación Interna C.I. DEPTO TAES N.º 402/2010, del 19 de marzo de 2010, que, según afirman, contiene información técnica sobre las superficies, las ventas y los terrenos destinados a equipamiento social.
El Concejo debe pedir explicaciones
La petición busca que el Concejo Municipal active mecanismos de fiscalización mediante una Petición de Informe Escrito dirigida a las dependencias técnicas del Ejecutivo municipal.
Entre los requerimientos figuran:
• Copia legalizada de la Comunicación Interna N.º 402/2010.
• Un nuevo balance de superficie de la propiedad y la revisión de las ventas efectuadas hasta 2008.
• La verificación de los planos visados y de los desmembramientos del predio original.
• Copia legalizada de la Comunicación Interna N.º 242/2008, junto con sus cinco anexos, relacionada con la devolución de terrenos municipales entregados en comodato al Automóvil Club.
• Certificación sobre la vigencia o abrogación de la Ley Autonómica Municipal GAMSCS N.º 200/2015 y de la Ordenanza Municipal 008/2009.¿Dónde están los terrenos destinados al uso público?. El reclamo plantea una cuestión que trasciende el conflicto entre particulares: si los terrenos fueron efectivamente consolidados como patrimonio municipal y destinados a espacios públicos, ¿qué ocurrió con su situación jurídica y física?
El Concejo Municipal tiene ahora el desafío de solicitar la documentación, verificar los antecedentes y establecer si existieron fallas administrativas, técnicas o jurídicas en la defensa de esos predios.
La respuesta no puede limitarse a una discusión de papeles. Está en juego la protección de espacios urbanos destinados a la comunidad, en una ciudad donde las áreas verdes, las plazas y los parques infantiles son parte esencial de la calidad de vida de los vecinos.
La solicitud exige una respuesta documentada al Concejo: ¿se preservaron los 5.593,95 metros cuadrados de patrimonio municipal o fueron afectados por decisiones que deben ser investigadas?
